Ciudad de México.- En un país donde los delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo y violación son recurrentes, las legislaciones en materia de seguridad pública debieran ser prioridad, sin embargo, la Cámara de Diputados clausuró el Periodo Ordinario de Sesiones sin haber aprobado las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, ni Mando Policial Mixto.

Lo que sí importó a los legisladores de San Lázaro, que ganan 73 mil 739 pesos mensuales, fue la reforma a la Ley de la Vida Silvestre con la cual se dio paso a la desaparición de delfinarios, en lo que ocuparon tres sesiones del último tramo del periodo hasta que lograron el quórum para aprobarla.

Los dictámenes de Ley de Seguridad Interior, que daría un marco jurídico a las fuerzas armadas para participar en tareas de seguridad pública y Mando Mixto, para profesionalizar los cuerpos policiacos y limitar el actuar de las policías municipales en tareas de seguridad pública, no fueron abordados, ya que PAN y PRD condicionaron el primero a cambio del segundo y el PRI y sus aliados hicieron lo mismo a la inversa. Incluso el Grupo Parlamentario del PRI planteó desechar el dictamen de Mando Mixto, turnado por el Senado de la República ante estos amagos.

Los diputados federales aprobaron 117 dictámenes en 30 sesiones, en la última de ellas avalaron sin discusión 23 y desecharon en una sola votación 54 más en sentido negativo, pero cerraron con la promesa de convocar a un Periodo Extraordinario para sacar adelante los pendientes en materia de seguridad, economía y la legislación secundaria en materia de reelección legislativa.

La minuta por la que se crea la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en el Senado en su última sesión del periodo tampoco alcanzó a llegar al Pleno; eso ocurrió con las reformas a la Ley General contra la Trata de Personas.

Además, se quedó atorada en la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, que plantea que los partidos reciban financiamiento público de acuerdo con el número de votos que obtengan.