México persigue con eficacia a los capos que Washington le señala, pero protege a los políticos que Washington le reclama. Esa contradicción, que hasta hace poco parecía manejable, se está convirtiendo en un punto muy frágil de la relación bilateral.

El 2 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías, hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, presunto líder de Cárteles Unidos. La acusación no se limita al tráfico de metanfetamina. Incluye el uso de armamento de guerra, desde ametralladoras hasta artefactos destructivos, y sobre todo el delito de brindar apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera (FTO). Cárteles Unidos aparece en esa lista desde febrero de 2025. De ser declarados culpables, ambos enfrentarían cadena perpetua.

La respuesta mexicana fue inmediata. Omar García Harfuch confirmó luego luego que los dos acusados ya cuentan con orden de aprehensión en México. Cooperación plena, sin regateos.

El contraste con el caso Sinaloa es de llamar la atención. Cuando EU acusó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con el Cártel de Sinaloa, el Gobierno mexicano rechazó la solicitud de detención provisional con fines de extradición alegando falta de pruebas. Cuando el expediente toca a políticos de Morena, la vara cambia.

¿Hasta dónde puede sostenerse esa doble vara de cuestionar los casos políticamente sensibles y cooperar en lo operativo?

La estrategia mexicana de colaborar en la captura de capos me parece correcta, pero resulta insuficiente frente a lo que hoy ocurre en Washington. Como apuntó mi colega Eduardo Guerrero en una columna en El Financiero, la estrategia antidrogas de nuestros vecinos cambió. Ya no les basta con detener un cargamento o a un integrante de un cártel. Lo que Estados Unidos busca desmantelar no es el envío de droga, sino toda la infraestructura humana, financiera, logística y empresarial que sostiene a la organización.

El apoyo material a una FTO es la herramienta jurídica de esa nueva doctrina. Es un delito diseñado para alcanzar no sólo al que produce o trafica, sino al que financia, al que lava, al que facilita e incluso al que protege desde el poder público. El caso Sinaloa ya mostró que Washington está dispuesto a acusar a un Gobernador en funciones, a un senador y a mandos policiacos.

Por eso la respuesta que encabeza la presidenta Sheinbaum con García Harfuch, siendo buena, se queda corta. Los operativos, las extradiciones de capos y las incautaciones récord funcionan mientras la exigencia estadunidense se limite al terreno criminal. Pero cuando hay un evidente involucramiento de políticos de Morena con las estructuras que Washington quiere abatir, la cooperación selectiva se vuelve un equilibrio imposible. Cada capo entregado hace más notoria la protección de los políticos que no se entregan.

Parece que Sheinbaum apuesta a que la colaboración operativa compre tolerancia para los expedientes de los morenistas. Al blindar a Rocha Moya optó por proteger a Morena antes que colaborar sin reservas con Washington. El problema es que si Estados Unidos fue capaz de sacar a “El Mayo” Zambada de Culiacán en una operación que hoy se presume exponiendo el avión donado por el FBI a un museo en Nuevo México como si fuera un trofeo de cacería, poco lo detendrá para ir por los políticos que México se niega a entregar.

La estrategia mexicana, buena en lo operativo, ignora que en la nueva doctrina antidrogas y de seguridad nacional de Washington, es insuficiente. Ya vinieron por “El Mayo”. Es cuestión de tiempo para que vengan por los demás.