Monclova, Coah.- En día crucial para los tres ex dirigentes sindicales de la Sección 288 de Mineros acusados de desfalco porque el juez determinará si los lleva a juicio o tumba la denuncia, el abogado de los imputados Sergio Elizondo Narváez, afirmó que el Ministerio Público no ha podido demostrar que los recursos eran de otras personas porque las cuentas bancarias del Fondo de Pro-huelga estaban a nombre de los inculpados.

Este viernes, añadió,

“ “el juzgador determinará si vincula o no a proceso a los ex dirigentes, y eso no es otra más que autorizar o no una investigación formal, pero hay dudas porque para existir administración fraudulenta es necesario que quede demostrado que se dispuso de bienes ajenos, lo cual no es así, en este caso”.

Entonces, apuntó,

“ “los acusados tenían la facultad de disponer los recursos porque las cuentas bancarias estaban a su nombre, pero además el dinero de la Pro-huelga no es propiedad del CEN del Sindicato Democrático el cual colocó la querella, ni siquiera de la Sección 288”.

Por su parte, el dirigente Mario Pérez Rebollozo, secretario de Trabajo, dijo que entre las medidas cautelares, esperan se ordene la portación de brazalete y prisión domiciliaria.

Espera que los vinculen a proceso

Mario Pérez, agregó que hoy en audiencia por videoconferencia los imputados desahogarán sus pruebas y enseguida el juez de la causa resolverá si les decreta o no, el auto de vinculación a proceso por administración fraudulenta al fondo de prohuelga, propiedad de 1889 obreros de la Siderúrgica II de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 288.

El riesgo de fuga existe porque aun cuando los trabajadores imputados se acogieran al plan de baja por retiro voluntario en la Siderúrgica II de Altos Hornos de México no alcanzarían entre los tres a pagar ni siquiera la mitad del faltante de 7.4 millones de pesos.

Mario Pérez, dijo que cuando se presentaron a comparecer los imputados el ex secretario general, Patricio Quintero; el ex presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia, Jorge Alarcón; y el ex secretario tesorero, Francisco Ballesteros, pidieron al juez Abraham Rodríguez, la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para aportar pruebas previo al resolutivo de vincularlos o no a proceso.

“ “En la audiencia inicial los imputados fueron informados de los cargos, y este viernes les será resuelta su situación jurídica, tenemos confianza en la impartición de justicia”, añadió Pérez Rebollozo.

Aunque a los acusados no les dictaron orden de aprehensión, ni prisión preventiva, Pérez Rebollozo expresó optimismo en que sean vinculados a proceso con portación de brazalete electrónico y reclusión domiciliaria, además habría un período de tiempo si así lo considera el juzgador para que el Sindicato Democrático y sus abogados aporten más pruebas.