Saltillo, Coah.- La difusión de videos en los que se observa la persecución y agresión contra un cachorro pastor belga malinois durante la Ruta Recreativa no solo desató indignación ciudadana, sino que reactivó el debate sobre las consecuencias legales que enfrenta quien comete actos de crueldad contra los animales en la entidad.

En Coahuila, la protección hacia los seres sintientes está tipificada en el Código Penal del Estado y regulada mediante la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, marcos normativos que contemplan tanto penas privativas de la libertad como elevadas sanciones económicas a través de instancias municipales y estatales.

Vía penal: Hasta 6 años de prisión

De acuerdo con el Artículo 293 Bis 1 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a quien realice actos de crueldad u omisión de cuidados que pongan en peligro la vida de un animal, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, además de una multa que va de las 100 a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En caso de que las lesiones causen la muerte del animal o pongan en riesgo grave su integridad física, las penas privativas de la libertad pueden incrementarse hasta los seis años de cárcel, sumado a multas acumulativas. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) es la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes para llevar ante un juez a los presuntos agresores.

Vía administrativa: Multas de hasta 100 mil pesos en Saltillo

A nivel municipal, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Policía Ambiental, atiende y canaliza las denuncias en la vía administrativa. El Reglamento de Protección y Trato Digno a los Animales del Municipio de Saltillo establece multas que pueden superar los 100 mil pesos (según el valor vigente de la UMA) para quienes incurran en maltrato, abandono o agresiones físicas directas.

Adicionalmente, las autoridades municipales cuentan con facultades para el aseguramiento precautorio de las mascotas en riesgo y el aseguramiento de pruebas videográficas —como las recabadas en el inmueble de la calle Chihuahua— para respaldar las denuncias formales ante la representación social.

Las autoridades locales exhortan a la ciudadanía a formalizar los reportes sobre cualquier acto de violencia hacia la fauna doméstica a través de los números de emergencia 911 y el chat de los Grupos Ciudadanos de Seguridad.