Saltillo, Coah.- Lo que le ocurrió a Jerson no es un hecho aislado de violencia, es un reflejo de las tensiones que enfrentan quienes salen a la calle a mostrar lo que pasa, y cuando un periodista es agredido, no sólo se lastima a una persona, sino que se golpea el derecho colectivo a saber.

Así lo explica el abogado penalista Gerardo Pérez, al señalar que Jerson Cardozo fue violentado por ejercer su profesión de periodista, y ese impedimento a realizar sus funciones atenta contra otro derecho fundamental: el derecho a ser informado.

“El derecho a la información lo ejerce la sociedad por conducto de los periodistas”, afirma, “esta circunstancia pudiera darle al Ministerio Público una herramienta para que buscara un agravante, para que no fueran solamente lesiones, sino también un delito contra la sociedad.

“¿Por qué?, porque al obstruir o impedir el trabajo de Jerson, impiden en forma indirecta el derecho de una sociedad a estar informado, eso tal vez pudiera agravar un poco más esta conducta, para no dejarla solamente en lesiones”, subraya.

Coahuila es uno de los 18 estados que cuenta con una Ley para la Protección de las y los Periodistas que, aunque no establece penas por sí sola, sí marca un punto clave: cuando la agresión está relacionada con el ejercicio periodístico, el caso adquiere otra dimensión.

Lesiones, amenazas, ventaja numérica y agresión directa a la libertad de expresión, son algunos de los cargos a los que podrían enfrentar los responsables, de los cuales, sólo uno de los tres está detenido.

El especialista en materia penal, Ricardo Giovani Hernández Espitia, señala además que debido a la huida y riesgo de fuga, es muy probable que se les imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y que tengan que pasar su proceso dentro del Centro de Readaptación Social. 

“Este asunto, en mi opinión, es grave, aunque el delito no lo sea, porque la víctima tiene una categoría especial, es periodista, que es una categoría que en materia penal se suele considerar como especialmente vulnerable por los riesgos a los que normalmente están expuestos”, explica.

Debido a la carga de los juzgados, el detenido podría pasar 6 meses antes de someterse a juicio, y si en caso de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, deben considerarse daños emocionales y psicológicos.

“En la práctica se le suele cobrar la reparación del daño a todos los imputados, pero tanto la ley como los precedentes, señalan que si reparara el daño beneficia a todos, ¿no?, entonces sería importante que la reparación del daño integral, que implica no sólo satisfacer el daño psicológico, el daño físico en términos económicos, sino las medidas de no repetición se apliquen para los tres”.

Dependiendo de la estrategia de los abogados, las penas podrían variar pero, más allá del expediente, la pregunta, que no aparece en los códigos penales, seguirá dando vueltas en la cabeza de Jerson: “¿qué hubiera pasado…?”.