Lourdes de Koster / Valentin Valdés
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Parras de la Fuente, Coah.- Desde la perspectiva de Raúl Alvarado Castro, el conflicto en Simas Parras es un asunto muy sencillo, eso lo dice quizá porque en su carácter de director jurídico del Ayuntamiento de Parras, decide desde un escritorio y habla con el conocimiento de la justicia, aunque como sentenció el Barón de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.

Alvarado Castro además tiene otro papel en este conflicto, es el secretario del Consejo Simas Parras y es quizá uno de los pocos parrenses que ha revisado el caso desde la perspectiva legal.

“El asunto es un asunto muy sencillo, hay un grupo de trabajadores; en un principio se decían representados todos, el 18 de noviembre se apostan fuera de las instalaciones e impiden el acceso y la salida de los usuarios del sistema a las instalaciones”, así expresa el funcionario municipal.

Este personaje, en su carácter de presidente del Consejo, buscó el diálogo con los trabajadores “Ellos elaboran un pliego petitorio en el que exigen la destitución del director, únicamente; en el pliego petitorio no se manejaba argumento”, dice el jurídico y agrega que tras dialogar con ellos, detectan el supuesto descontento contra el director Ariel Segura Teniente.

Señala que en esa fecha, el mismo día en que se reportaron cuatro personas lesionadas, de las que él niega que exista dato, se logró un acuerdo provisional para levantar el plantón.

“Y se llegó al acuerdo suscrito por el Alcalde para que el día 22 de diciembre el gerente esté en una separación (de su cargo), pero también, se convoca al Consejo, que es el órgano máximo, y el presidente es el Alcalde, se reúnen y valoramos el convenio, pero ya con calma decimos qué vamos a suspender sus efectos”, añade.

Además señala que es después cuando logran tener la versión del gerente, quien les advirtió de una serie de irregularidades en el sistema, en las que estarían involucrados muchos trabajadores con problemas serios de los recursos y la atención a la gente; y fue cuando quiso poner orden cuando se alteró la situación.

“El Consejo suspende la audiencia y queda pendiente la resolución; el propio Consejo la dará basado en una auditoría de un despacho de Torreón, que no conociera al gerente o a los trabajadores, además se les pidió a las partes pruebas”, comenta.

Dicha auditoría, de acuerdo con el director jurídico, ya está concluida y fue encargada a un auditor externo.

HAY ESPERANZA

Para el funcionario municipal, las cosas son tan sencillas como le es también fácil señalar que los trabajadores incurrieron en un delito tipificado en el Código Penal del Estado.

“Obstruyeron las instalaciones, impidieron la prestación del servicio y esta ratificado en el Código Penal como delito. El acto que cometieron los trabajadores constituye un delito, y es obligación del gerente hacerlo del conocimiento”, declara Alvarado Castro.

Es entonces cuando se gesta la denuncia contra los trabajadores en la Agencia del Ministerio Público ante la Junta Local del Trabajo, pero es la primera instancia donde se indaga el delito de obstrucción de instalaciones.

“El gerente pone denuncia, en nombre del sistema, pero ellos tenían los caminos de la ley, cuando un patrón abusa del trabajador; ¿qué hace el trabajador?, el trabajador acude a la Junta de Conciliación y le dice a la Junta, señores integrantes de la Junta mi patrón abusa laboralmente de mí”, explica.

Aunque presentaba una seria tendencia a señalar a los trabajadores, trató de equilibrarse al decir que éstos, por estar denunciados, no significa que sean responsables de algún delito, no sin antes recordar que Ariel Segura denunció ante las instancias señaladas a sus trabajadores, porque como patrón tiene la obligación.

“Obstruir el funcionamiento de las instalaciones, cerrar la puerta y que los usuarios no pudieran entrar, nuestro Código Penal los considera delitos políticos”, y destaca que una denuncia no es una represalia.

“Cesarlos es la primera consecuencia, este hecho relativo a la denuncia no tiene nada que ver con el convenio, es un hecho distinto (…) Fue el presidente de la junta, como fue el Ministerio Público y da fe de que los trabajadores no estaban trabajando”, comenta.

Y es entonces cuando vuelve a retomar una postura y dice que los trabajadores deben de ir a la junta para enterarse de por qué el patrón no quiere seguir con la relación laboral y así, mediante la vía del diálogo, llegar a una solución.

Reconoce que su papel es asesorar a todos los parrenses, y destaca que vinieron los familiares de los trabajadores suspendidos o cesados, a quienes les explicaron su situación.

“Tratamos de tranquilizarlos, les pedimos que busquen la conciliación ante la junta, la ley del trabajo se inclina por el trabajador, y si (la junta) considera que la toma fue la vía para ser escuchado, se ordena reinstalación y pago de salarios caídos, pero si el problema no se soluciona aquí, tendrán que demandarlos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Local”, aconseja el jurídico a los trabajadores.

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