Chimalhuacán, Méx.- Elementos de la Policía Ministerial realizaron un cateo en un anexo donde hace seis días murió un interno. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), existen diversas carpetas de investigación por la probable comisión de delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, todos relacionados con centros de rehabilitación.

Según la primera versión ofrecida por Luis Enrique ‘N’, responsable del inmueble donde ocurrió la muerte más reciente, la víctima habría caído mientras se bañaba, por lo que fue auxiliada y dejada en observación; sin embargo, posteriormente perdió la vida.

La Policía de Investigación se trasladó al anexo ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, donde se encontraban 23 personas internadas. Durante las indagatorias se estableció que el sábado 23 de mayo dos sujetos, entre ellos Luis Enrique “N”, presuntamente golpearon a la víctima.

La FGJEM reveló además que el 27 de mayo nuevamente habrían agredido al interno y que tanto el encargado como su cómplice obligaron a otros dos internos a amarrarlo de pies y manos para trasladarlo posteriormente a la enfermería, donde descubrieron que ya no contaba con signos vitales.

Durante el cateo, las autoridades localizaron diversos indicios y detectaron condiciones que representaban un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias, por lo que el inmueble fue asegurado.

Los agentes ministeriales aprehendieron a Luis Enrique ‘N’, quien fue ingresado al penal estatal Neza-Bordo. También fue detenido Juan Carlos ‘N’, quien presuntamente estaría relacionado con estos hechos.

La FGJEM informó que, del 1 de junio de 2025 al 22 de marzo de 2026, se iniciaron 152 carpetas de investigación por diversos delitos vinculados con inmuebles que operan como anexos.

Asimismo, detalló que fueron verificados 94 centros de rehabilitación, de los cuales 53 fueron asegurados por su presunta relación con actividades ilícitas, mientras que otros 41 continúan en funcionamiento.

Las investigaciones permitieron establecer que en algunos de estos sitios se ejercía violencia física y psicológica contra los internos, incluyendo encierros en cisternas, rapados forzados y trabajos manuales, como la elaboración de piñatas, presuntamente para obtener recursos económicos destinados a la operación de estos establecimientos.