La epidemia ayuda a concretar los sueños ideológicos de algunos políticos. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ordenó este 30 de marzo el cierre de “todos los centros departamentales, todos los centros comerciales”, de las “grandes tiendas”. Anunció que “únicamente quedarán abiertos los servicios de salud, alimentación y servicios indispensables”. Advirtió: “No hay razón para que haya desabasto de ningún producto”.

La medida ha obligado al cierre de 338 plazas comerciales tan solo en la capital. Al parecer se cerrarán también los pequeños comercios, aquellos que los políticos consideran como no esenciales: refaccionarias, talleres, salones de belleza, tiendas que no venden alimentos. El Inegi reporta que hay 466 mil 301 comercios en la Ciudad de México y la medida podría obligar al cierre de 419 mil 670. Millones podrían quedar desempleados. Muchos negocios ya no podrán reabrir después de la prohibición.

Estas medidas drásticas las ha tomado la misma gobernante que hace unas semanas dio luz verde al festival Vive Latino argumentando el costo económico de cancelarlo, que ha expresado su desprecio por los centros comerciales, que ha declarado que durante su Gobierno no aceptaría la apertura de nuevas unidades, que como candidata declaró: “La ciudad ya no necesita plazas comerciales”.

Las acciones de Sheinbaum y del Gobierno federal tendrán consecuencias devastadoras en la economía y profundizarán de manera dramática la pobreza. El costo económico se vuelve particularmente difícil de justificar si consideramos que los epidemiólogos nos dicen que la pandemia no se puede contener, que lo único que podemos hacer ahora es aplanar la curva de contagios para no saturar los servicios médicos. El problema es que estos ya están saturados y no hay forma de que vayan a ser suficientes.

Por otra parte, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias considera que la pandemia y las medidas de contención podrían empujar a 21 millones de mexicanos a la pobreza. Y esto, en un escenario relativamente conservador.

No todos los expertos piensan que la mejor estrategia ante el Covid-19 es ahogar la economía. Paul Romer, ganador del Premio Nobel de Economía, y Alan M. Garber, médico y economista, director académico (provost) de Harvard, escribieron el 23 de marzo en el New York Times: “John Maynard Keynes dijo, como sabemos, que en el largo plazo todos estaremos muertos. Si mantenemos nuestra actual estrategia de supresión basada en una distancia social indiscriminada durante 12 o 18 meses, la mayoría de nosotros estaremos vivos, pero la economía estará muerta”.

El cierre de negocios “no esenciales”, con el pretexto de contener la pandemia, es un grave error. La autoridad tiene obligación de aplicar políticas para reducir los contagios, pero haciendo el menor daño posible a la economía y a los gobernados. Necesitamos una economía sana para construir las instalaciones de salud que necesitamos, para adquirir respiradores, para generar empleos, para que todos podamos alimentarnos, para reducir la pobreza.

La actitud de nuestra clase política, sin embargo, es otra. Quieren asfixiar la economía, aunque esto no detenga la pandemia; piensan que la empresa privada es por definición perversa; están tan acostumbrados a vivir del Gobierno, que piensan que el país entero puede sobrevivir del Gobierno.

¿Bajar impuestos?

AMLO responde: “Si decimos que no se pague el ISR o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, a campesinos y otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares?”.