Ciudad de México.– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) consolidó su posición financiera al colocar con éxito dos nuevos bonos de referencia en los mercados internacionales por un total de 1,500 millones de dólares (mdd). La operación, realizada el pasado 28 de enero, destacó por alcanzar una demanda histórica que superó en siete veces el monto ofertado, reflejando un sólido respaldo del sector financiero global hacia la empresa estatal mexicana.

Estructura de la emisión: Refinanciamiento y Expansión

La colocación se dividió en dos instrumentos estratégicos diseñados para optimizar el perfil de la deuda y garantizar la viabilidad de nuevos proyectos:

1. Bono a 8 años (6.045%): Un instrumento tipo bullet destinado íntegramente a la recompra de deuda con vencimientos próximos en 2027 y 2029, aliviando la presión financiera a corto plazo.

2. Bono a 25 años (6.5%): Un instrumento amortizable enfocado en fondear la cartera de proyectos de inversión programados para el presente año 2026.

Respuesta histórica del mercado

La CFE informó que la emisión atrajo a 270 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo. El apetito por los bonos mexicanos alcanzó una demanda máxima de 10,451 mdd, lo que representa una sobresuscripción de siete veces. Según la empresa, este fenómeno es una prueba clara del “alto nivel de interés y confianza” en la gestión de la eléctrica nacional.

Calificaciones Crediticias Obtenidas:

– Fitch Ratings: BBB-

– Moody’s: Baa2

– Standard & Poor’s (S&P): BBB

Un hito para el sector energético

Bajo la coordinación global de gigantes bancarios como Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, la CFE logró reducir sus costos de financiamiento a niveles mínimos históricos. Esta operación no solo beneficia a la Comisión, sino que establece un precedente positivo para futuras emisiones de otros actores del sector energético en México.

La empresa reafirmó que esta estrategia financiera garantiza la continuidad de un suministro eléctrico competitivo y de calidad, manteniendo una administración responsable que permite modernizar la infraestructura nacional sin comprometer la estabilidad económica del organismo.