Washington.- El Gobierno de Estados Unidos inició un cierre administrativo luego de el fracaso de una última votación en el Senado para evitar la parálisis presupuestaria, con lo que cientos de miles de funcionarios públicos se quedarán sin salario.

Sumido en un cierre gubernamental, Estados Unidos enfrenta un nuevo ciclo de incertidumbre luego de que el Presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener los programas y servicios gubernamentales en funcionamiento antes de la fecha límite del miércoles.

Se espera que aproximadamente 750 mil empleados federales sean suspendidos temporalmente, algunos de ellos potencialmente despedidos por la Administración Trump. Muchas oficinas cerrarán, quizás de forma permanente, ya que Trump promete “hacer cosas irreversibles, malas” como represalia. Se espera que su agenda de deportaciones avance a toda marcha, mientras que la educación, el medio ambiente y otros servicios se estancan. Se espera que las consecuencias económicas se extiendan a nivel nacional.

Los demócratas del Senado rechazaron un proyecto de ley republicano para seguir financiando al Gobierno, lo que provocó un cierre por primera vez en casi siete años.

El Senado rechazó la legislación, cumpliendo amenaza demócrata de cerrar el gobierno si el Presidente Donald Trump y los republicanos no accedían a sus demandas de atención médica. La votación de 55 a 45 sobre un proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios para poner fin a una obstrucción y aprobar la legislación.

“No queremos que cierre”, dijo Trump en la Casa Blanca antes de la fecha límite de medianoche.

Pero el Presidente, quien se reunió en privado con la cúpula legislativa esta semana, no pareció capaz de negociar un acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre.

Esta es la tercera vez que Trump preside una interrupción del financiamiento federal- la primera desde su regreso a la Casa Blanca este año- un récord notable que subraya la división sobre las prioridades presupuestarias y un clima político que recompensa las posturas de línea dura en lugar de compromisos más convencionales.