Saltillo, Coah.- Al vencerse el plazo para que Arturo Domínguez, representante de CIESA, depositara los 56.3 millones de dólares de fianza para tener el derecho de comprar AHMSA, y entregara solo 5 mil pesos, se comprobó la sospecha de que nunca tuvo los recursos para adquirirla. Ahora el juzgado segundo lo denunciará ante la Fiscalía General de la República por falsedad de declaraciones.

Lo anterior a pesar de que al concluir la subasta donde el dueño de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas ofreció la más alta propuesta de mil 400 millones de dólares, se mantuvo firme en que tenía los recursos para adquirirla, e ilusionó a los ex trabajadores de AHMSA, incluso publicando el martes en redes sociales haber depositado la fianza solicitada.

Sin embargo, este 14 de octubre la Sindicatura de AHMSA publicó un comunicado informando que, “al concluir el plazo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito Mercantil, para exhibir la garantía de seriedad por un importe de 56.3 millones de dólares, sin que ninguno de los postores precalificados, incluida CIESA, haya cubierto la cantidad requerida”.

Esto ya se veía venir, luego de que saliera a la luz que el empresario carecía de recursos financieros en su empresa para realizar un pago billonario, además de haberle dado la espalda un socio financiero norteamericano con el que había firmado un convenio para tener acceso a un fondo de seis mil millones de dólares para comprar y reactivar AHMSA.

“En este escenario, permanece abierta la alternativa planteada por los acreedores garantizados Cargill y Afirme, quienes solicitaron la integración de un consorcio par participar en la adquisición de AHMSA y Minosa, como parte de las opciones contempladas para dar continuidad al procedimiento de venta”, indica el comunicado.

En un segundo comunicado, la Sindicatura muestra los acuerdos emitidos este 14 de octubre ante el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concurso Mercantiles, donde se establece que:

“El postor calificado y a quien se tuvo ofreciendo postura en audiencia el 25 de septiembre, solo depositó cinco mil pesos, por lo que se concluyó que no exhibió la garantía de seriedad”.

Por tanto, informa la Sindicatura, el Juzgado Segundo ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que determine si se actualiza el hecho considerado como delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal, o en su caso, aquel que en el ámbito de sus facultades constitucionales estime.

NUEVO PLAZO DE 90 DÍAS

Ante esta situación, indican que se analizó la propuesta presentad por algunos acreedores garantizados, y se autorizó que comiencen negociaciones para formalizar un consorcio con el objetivo de lograr la venta como unidad productiva.

Por eso, se les concedió un plazo máximo de 90 días naturales y se les finó calendario para que informen los avances de las negociaciones, pues le proceso de venta como unidad productiva ya fue aprobado, y al cual pretenden acceder Cargill y Afirme