Dieciséis años después de la ley que fijó hasta sesenta años de cárcel por secuestro, las cifras oficiales de víctimas reportadas se han reducido y el ciudadano de Saltillo o Torreón sigue calculando el riesgo cada vez que sale después de las ocho.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro se publicó a finales de 2010. Reformas posteriores en 2014, 2016 y hasta 2021 mantuvieron el endurecimiento: penas altas, imprescriptibilidad, prisión preventiva oficiosa en muchos supuestos, obligación del Ministerio Público de actuar de oficio. La entonces Procuraduría General de la República pasó a ser la Fiscalía General de la República; las procuradurías estatales se transformaron en fiscalías. El papel cambió de nombre. El trabajo de integrar averiguaciones sólidas no siempre. No es la ley.

Los reportes del Secretariado Ejecutivo muestran descensos claros en las últimas décadas, con caídas más pronunciadas en los últimos dos años. En Coahuila las carpetas por este delito rozan el cero.

Pero la contabilidad también se mueve. Categorías como “otros delitos contra la libertad personal” o privación ilegal de la libertad absorben volúmenes mucho mayores. En algunos bimestres de 2026 los registros de esas figuras superan por mucho a los de secuestro puro. La reestructuración de enero de 2026 ajustó las clasificaciones. El delito no desaparece; a veces cambia de casilla. Organismos que rastrean medios documentan discrepancias: muchos casos que aparecen en la prensa no llegan a las cifras oficiales o se diluyen.

¿Cuántos secuestros exprés, retenciones de horas o desapariciones temporales no se denuncian porque la víctima o la familia calcula que el expediente se va a trabar? La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ha señalado tasas de no denuncia altísimas para estos delitos. En el norte se comenta en voz baja en las mesas de los cafés de Saltillo o en los estacionamientos de Torreón: “mejor no armarla, que luego se les suelta”.

El mecanismo sigue igual. Una consignación ministerial deficiente, deliberada o por incapacidad, llega al juez. El juez, ante la falta de sustento suficiente, ordena la libertad o la devolución de parte del botín. Los abogados de los grupos mejor organizados aprovechan cada resquicio. Mientras tanto, el ciudadano local vive con una psicología particular: no es pánico constante, es cálculo permanente. Revisa el auto dos veces antes de subirse. Evita ciertas avenidas después de cierta hora. No deja el celular a la vista.

Las fiscalías estatales y la federal cargan con millones de procedimientos pendientes a nivel nacional. En Coahuila la Fiscalía General del Estado lleva más casos a juez que el promedio, pero una proporción importante no logra la vinculación a proceso. El problema sigue.

En las calles de la Comarca Lagunera y en el centro de Saltillo la atmósfera es de relativa calma visible. Menos sirenas de emergencia por este delito específico, más controles rutinarios, más sensación de que “ya no es como antes”. La memoria de los años duros permanece. Los padres de familia todavía miden los horarios de salida de los hijos.

La ley de 2010 y sus reformas posteriores existen. Las penas máximas siguen ahí. El problema no es que falte otra reforma. El problema es que el expediente se arme bien desde el primer momento en la fiscalía, que el Ministerio Público no entregue un caso hueco, que el juez no se vea obligado a soltar por deficiencias formales.

Los números oficiales bajaron. La reconfiguración de las categorías también ayudó a que bajen en la casilla de secuestro. La cifra negra y las otras privaciones de libertad cuentan otra historia. El ciudadano de aquí la siente cuando decide si estaciona en tal esquina o si responde esa llamada de un número desconocido.

La Cámara de Diputados puede aprobar más endurecimientos. Las fiscalías pueden cambiar de nombre otra vez. El juez seguirá atado a lo que le llegue en el expediente. Y usted seguirá haciendo cuentas cada noche antes de cerrar la cortina de la casa. ¿O ya se acostumbró?. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org