Saltillo, Coah.- Vecinos de la colonia Brisas, presuntamente afectados por la construcción de un cárcamo en zona federal realizaron una clausura simbólica para exigir la suspensión definitiva de la obra, la cual consideran pone en riesgo tanto el medio ambiente como el suministro de agua en la comunidad.

Susana Fabián Sosa, vecina del lugar desde hace más de 25 años, explicó que esta acción surge como parte de un amparo promovido por los habitantes. “Esta clausura la estamos haciendo porque metimos un amparo para que nos quiten este cárcamo, que nos afecta tanto ambientalmente como en la distribución del agua”, declaró.

De acuerdo con los testimonios, la construcción de esta infraestructura hidráulica comenzó en el mes de mayo por parte de una constructora responsable del fraccionamiento “Piamonte”, que edifica 150 viviendas en las inmediaciones. El cárcamo —similar a un aljibe— fue diseñado para recolectar y redirigir el agua hacia ese nuevo desarrollo habitacional.

“ Pedimos los papeles, los permisos, y no nos han mostrado nada. Aguas de Saltillo les donó un terreno que es federal, donde hay torres de alta tensión y ductos de gas. Excavaron ahí y nos pusieron en riesgo”, denunció Sosa.

Los vecinos señalan que además de ser un predio federal con restricciones, la zona es parte de una obra ambiental conocida como el Jardín de la Lluvia, inaugurada en junio de 2023 mediante un convenio entre el gobierno federal y Alemania Internacional. Este jardín tiene como objetivo captar agua pluvial para recargar los mantos acuíferos, pero su funcionalidad se ha visto comprometida por la construcción del cárcamo.

Además, acusan tala de árboles y uso indebido de espacios públicos federales. En total, estiman que por lo menos tres mil 400 familias podrían verse afectadas directamente en su acceso al agua, especialmente una vez que la infraestructura entre en operación, ya que redirigirá el flujo hídrico hacia el nuevo fraccionamiento, dejando a la colonia actual al final del suministro.

Amparo en curso

La abogada de los vecinos, Claudia Cristobal, informó que el amparo fue interpuesto en el juzgado quinto de distrito por violaciones al derecho al acceso al agua y la realización de obras sin consulta ni notificación previa. También argumentan que el predio es zona federal y no cuenta con permisos de construcción, ni estudios de impacto ambiental.

“ Desde el momento en que pedimos los permisos, ni en instancias ni en juzgados han podido mostrar un solo plano autorizado”, dijo la abogada, quien también indicó que la suspensión ya fue concedida, aunque sin detener la obra completamente por no considerarse un riesgo inmediato para la vida. Actualmente, el proceso está en etapa de queja y se espera una audiencia constitucional para el próximo 11 de julio.

El amparo involucra como responsables a nueve autoridades locales, estatales y federales, incluyendo al municipio, la Secretaría de Medio Ambiente, CONAGUA, y Seguridad Nacional.

“ Nosotros no estamos en contra de que se construya el fraccionamiento, pero no así, y no aquí. Queremos que se respete nuestra comunidad, nuestras leyes y nuestro derecho al agua”, concluyó Cristobal.