Mientras los distractores lanzados por el Presidente desde Palacio Nacional ocupan la agenda pública y monopolizan la opinión a diario, nadie supo que la Secretaría de Energía (Sener) otorgó el pasado 15 de octubre a Pemex títulos de asignación modificados para realizar actividades de extracción de hidrocarburos en Coahuila.

Se trata de los documentos A-0399-M Monclova y A-0401-M Pirineo, con influencia en los municipios de Abasolo, Castaños, Escobedo, Frontera, Monclova, Nadadores y San Buenaventura, y Candela, Múzquiz, Progreso y Sabinas, respectivamente. Ambos en la Cuenca de Sabinas.

Ya existía, y aún sigue vigente, una tercera asignación: la A-0400 Olmos, que corresponde a la Cuenca de Burgos y comprende los municipios de Hidalgo y Guerrero, en la franja fronteriza conocida como la brecha del gas. Originalmente las tres habían sido entregadas el 13 de agosto de 2014 -inmediatamente después de consumarse la Reforma Energética- por un plazo de 20 años. Es decir, hasta 2034.

En el caso de las modificaciones referidas, realizadas a los campos identificados como Monclova y Pirineo previa opinión técnica emitida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se trata simplemente de delimitar los polígonos donde ya hubo exploración previa de gas (seco y seco no asociado) y descartar los no productivos. Aunque su área de influencia se redujo de 3 mil 412 kilómetros cuadrados a solo 188, y de 3 mil 963 a 238, se quedará Pemex con 61 de 77 pozos en el primero, y 45 de 73 en el segundo.

Así, en promedio, uno de cada tres municipios de la entidad será explotado por Petróleos Mexicanos. Lo que no dicen, y es ahí donde radica lo importante, es que pretenden utilizar la técnica de la fractura hidráulica a partir de 2022, si bien el “compromiso presidencial” número 75 había sido no usar fracking.

A qué obedece si no el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el cual deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre y contempla ampliar la inversión como nunca antes: 11 mil 657 millones de pesos para el “proyecto aceite y gas en lutitas” (el cual abarca Coahuila entre otros estados y forzosamente requiere fracking).

Para dimensionar el gasto: antes de ser modificado, el proyecto A-0399-Monclova ejerció de 2015 a 2021 un total de 921.4 millones de pesos, de los cuales 60%, o sea 557.4 millones, fueron ejercidos apenas en los primeros cinco meses de 2021. De 2015 a 2020 permaneció prácticamente parado. Por lo que hace al proyecto A-0401-Pirineo, éste ejerció mil 166.5 millones de pesos de 2015 a 2021 pero la mayoría en sus primeros tres años.

Y luego está la hipótesis largamente documentada en este mismo espacio: la despoblación forzada como estrategia, a fin de facilitar la operación. No por la vía amable, de la licencia social, sino a fuerza de implantar incertidumbre y miedo en los pobladores de territorios ricos en hidrocarburos.

Como explica Sandy E. Ramírez en su texto Economía sin mediaciones. Crimen y renta en el capitalismo del siglo XXI, capítulo del libro La Brutalidad Utilitaria: ensayos sobre economía política de la violencia (2021), “el control del territorio es fundamental para la economía criminal, pues asegura la apropiación de rentas y una posición monopólica”.

En 2014, por ejemplo, se publicó el libro Ni vivos ni muertos; La desaparición forzada en México como estrategia de terror, de Federico Mastrogiovanni, quien identifica patrones comunes de desapariciones masivas y forzadas en áreas clave de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Como consecuencia del terror, argumenta el autor italiano, algunas personas que viven en la zona se sienten presionadas para dejar sus tierras y guardar silencio debido a la violencia que generan los grupos criminales. Estos territorios vacíos pueden ser entonces utilizados por otros para la extracción de recursos. Cito un párrafo esclarecedor: “Con la recién aprobada reforma energética, el país está listo para recibir inversión extranjera para la explotación de recursos centrales como el petróleo y el gas shale, en zonas donde la gente ni siquiera sabe en qué consisten esos grandes proyectos, y tampoco sospecha que estos se aplicarán en donde antes hubo ranchos ganaderos, tierras de cultivo, pequeñas comunidades que hoy son pueblos fantasma, y que después de haber sido expropiadas mediante el terror a sus habitantes originales, hoy quizá están escrituradas a nombre de políticos y hombres de negocios que ganarán muchos dinero con la industria de los hidrocarburos”.

Por su parte, Guadalupe Correa Cabrera estudia el fenómeno delincuencial en la frontera norte de México en su obra Los Zetas Inc.; La corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional (2017), y luego de desarrollar exhaustivamente la teoría del conflicto dirigido y la desestabilización intencionada, presenta una conclusión interesante que coincide con lo abordado previamente por Mastrogiovanni: “La guerra en México ya ha dejado vacías algunas de las importantes tierras ricas en hidrocarburos que ahora están disponibles para inversionistas energéticos potenciales”.

En ese contexto, ¿no le resultan por lo menos curiosos los intentos de incursión como kamikazes de grupos delincuenciales organizados a Coahuila en los últimos meses?

Me refiero a los enfrentamientos del 26 de agosto, 16 de septiembre y 2 de noviembre con la Policía Estatal, en la carretera conocida como La Ribereña que conduce de Piedras Negras a Nuevo Laredo.

Alguien, en cambio, podría decir que los intentos no son causa sino consecuencia. Como documenta Ana Lilia Pérez en su libro El Cártel Negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (2011), “en una espiral de corrupción y complicidades”, los robos a la paraestatal se hicieron más frecuentes y a cualquier hora del día. “Desde la llamada frontera chica o ribereña, en Tamaulipas, y hasta Piedras Negras, a lo largo de caminos y brechas de toda la Cuenca de Burgos los comandos armados, vestidos de negro y encapuchados, permanecían apostados, prestos al atraco, en cuanto el halcón les notificara que el cargamento iba en camino”.

Cortita y al pie
Extraviados de la realidad local, sin influencia ni presencia, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Coahuila (cuatro diputados) emitió un pronunciamiento el pasado 26 de octubre, en voz de Francisco Javier Cortez Gómez, para “dejar de manifiesto” -sin contexto ni mayor explicación- que no retrocederán en su “oposición radical a la práctica del fracking en Coahuila”, y saludar la “acertada postura asumida” por el Gobierno de México.

Una de dos: o no están muy enterados de las prácticas autorizadas por la Administración pública emanada de su propio partido, o como este, pretenden engañar con un doble discurso.

La última y nos vamos
Por lo demás, aunque cada quien hace su parte todo es competencia federal: CNH emite su opinión técnica, Sener asigna, Hacienda proyecta presupuesto, Pemex ejecuta, ¿y la delincuencia organizada “calienta” la plaza? ¿Qué podría salir mal?