Ciudad de México.- Coahuila, Baja California Sur y Querétaro fueron las entidades que registraron el menor porcentaje de unidades económicas del sector privado que percibieron inseguridad en su entidad durante el periodo de marzo a mayo de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Coahuila reportó la menor proporción, con 26.4%, seguido de Baja California Sur, con 31.6%; Querétaro, con 35%; Yucatán, con 35.6%, y Aguascalientes, con 36.7%.

En contraste, los estados que registraron los mayores porcentajes fueron Morelos, con 87.2%; el Estado de México, con 85.6%; Puebla, con 85.3%; Michoacán, con 83.9%, y Guerrero, con 83.2%.

A nivel nacional, se estima que 71.2% de las unidades económicas percibió como insegura la entidad federativa en la que opera durante ese mismo periodo.

De acuerdo con la encuesta, frente al periodo de mayo a junio de 2024, 13 entidades no presentaron cambios estadísticamente significativos en el porcentaje de unidades económicas que percibieron inseguridad, mientras que 11 registraron disminuciones. Entre estas últimas destacaron Quintana Roo, con 39.8%; Nuevo León, con 26.2%; Chiapas, con 19.6%; Tamaulipas, con 18.0%, y Campeche, con 14.3%.

En tanto, ocho estados presentaron incrementos en la percepción de inseguridad. Los mayores se observaron en Sinaloa, con 67.5%; Yucatán, con 45.6%; Durango, con 30.3%; Hidalgo, con 25.3%, y Oaxaca, con 24.2%.

Efectos

Entre marzo y mayo de 2026, a nivel nacional, dentro de una lista de 13 posibles problemáticas, la inseguridad y la delincuencia se posicionaron como el problema más preocupante para las unidades económicas, al afectar a 57.1% de ellas.

Guanajuato, Morelos y Tabasco fueron las entidades federativas en las que se estimaron los porcentajes más elevados en esta categoría, con 71.3%, 70.3% y 69.9%, respectivamente. Por su parte, los porcentajes más bajos se estimaron en Yucatán, Durango y Nayarit, con 29.1%, 37.5% y 42.2%, respectivamente.

La encuesta también señala que durante 2025 algunas unidades económicas en México suspendieron actividades propias de sus negocios como consecuencia de haber sido víctimas de algún delito o para prevenirlo. A nivel nacional, las medidas más comunes adoptadas por los establecimientos incluyeron dejar de manejar efectivo o reducir su uso al mínimo, con 19.2%; disminuir los horarios de producción o comercialización de bienes y servicios, con 17.6%, y cancelar planes de crecimiento o inversiones, con 14.5%.

Coahuila, Sonora y Nuevo León presentaron los menores porcentajes de unidades económicas que modificaron sus actividades. En estos estados, la reducción del uso de efectivo osciló entre 8.3% y 14.1%, mientras que la reducción de los horarios de producción o comercialización se mantuvo en niveles bajos, al afectar únicamente a entre 6.7% y 7% de sus unidades económicas.

Por el contrario, Puebla, Morelos y Tabasco destacaron como las entidades donde las empresas suspendieron más actividades. En este grupo, Tabasco registró que 49.5% de los negocios dejó de manejar efectivo y 41.0% redujo sus horarios de trabajo. Asimismo, Morelos reportó que 33.9% de sus unidades económicas disminuyó sus horarios comerciales, mientras que en Puebla 23.9% canceló planes de inversión.

Comercio informal

En 2025, las cinco entidades federativas con los porcentajes más bajos de unidades económicas que manifestaron sentirse afectadas por el comercio informal fueron Coahuila, con 5%; Nuevo León, con 6.1%; Colima y Jalisco, con 8.4% cada uno, y Sonora, con 8.8%.

En contraste, los porcentajes más altos por esta problemática correspondieron a Morelos, con 26.7%; Querétaro, con 26.6%; Ciudad de México, con 25.7%; Michoacán, con 24.7%, e Hidalgo, con 21.7%.