Presidente López Obrador: ¿Duelen menos los muertos de Allende y Piedras Negras y los desaparecidos de Coahuila que los de San Fernando, Tamaulipas, y los normalistas de Ayotzinapa? La pena es igual, mas no la respuesta de las autoridades ni la cobertura de los medios de comunicación.

El 5 de julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y más de un centenar de organizaciones civiles presentaron ante la Corte Penal Internacional el informe México: Asesinatos, Desapariciones Forzadas y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad.

Proceso publicó sobre el caso, dos días después: “Con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos, decenas de organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Corte Penal Internacional a los hermanos Moreira (Humberto y Rubén), gobernadores de Coahuila, por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil. Académicos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas consideran que, si se comprueba la implicación de los Moreira, pueden atribuirse al Estado mexicano delitos como las masacres de Allende y Piedras Negras”.

El 23 de agosto pasado, usted envió al Senado la aprobación para que Naciones Unidas intervenga libremente en México en temas de violación a los derechos humanos. Ese día se cumplieron 10 años de la primera masacre en San Fernando, donde 58 hombres y 14 mujeres (la mayoría emigrantes de Centro y Sudamérica) fueron ejecutados. El segundo asesinato masivo ocurrió en 2011, con 193 víctimas. Ambos se atribuyeron al cártel de los Zetas.

“Ahora no se protege a nadie, no hay impunidad. (…) en temas de desaparición forzada o forzosa”, Naciones Unidas “podrá intervenir sin ninguna limitación”, dijo en Palacio Nacional. México, en efecto, había rechazado ese tipo de supervisión. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, no pudo ubicar el paradero de los 43 normalistas, investigar su desaparición ni promover acciones penales contra los responsables, debido a los obstáculos del Gobierno.

Usted, Presidente, reabrió el caso y formó una comisión especial. El 30 de junio pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sepultó la “verdad histórica”, según la cual los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados. También inició el proceso para extraditar a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

“Hay testigos que han sido condenados –en Estados Unidos, énfasis del reportero– por testimonios que señalan la convivencia de Los Zetas con funcionarios del gobierno de Humberto Moreira. En ellos señalan cómo entregaban dinero para que los dejaran cometer los crímenes (…). Estos señores se beneficiaron económicamente de los crímenes cometidos por Los Zetas. Necesitaban generar un ambiente de terror para obligar a la población a obedecer”, declaró el subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, sobre la denuncia contra los Moreira en la Corte Penal Internacional (Reforma, 11.07.17).

Señor López Obrador: ¿cuándo prestará a las víctimas de las masacres y las desapariciones forzadas en Coahuila, cometidas durante el Gobierno de los Moreira, la atención que brinda a otros casos igualmente dolorosos, pero sin el mismo interés mediático y político? ¿O también los exoneró Felipe Calderón cuando ya no era presidente? (Fin de la serie “Carta al Presidente”)