Una de las medidas fiscales adoptadas durante el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), en el contexto de la crisis económica y financiera de la época, fue la creación del Convenio de Coordinación Fiscal. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, los gobiernos estatales cedieron a la Federación la facultad de recaudar y administrar los principales impuestos -como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los gravámenes al comercio exterior-, a cambio de recibir recursos federales en forma de participaciones y aportaciones. En sus inicios, la recaudación estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero desde 1997 la operación pasó al recién creado Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La distribución de las participaciones entre los estados se realiza con base en fórmulas que consideran población, recaudación local, esfuerzo fiscal y Producto Interno Bruto estatal, entre otros criterios. Pero en la práctica, la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 ha propiciado una creciente dependencia de los estados respecto al erario federal, además de abrir espacios para un manejo discrecional de los recursos por parte de los gobiernos estatales. La evolución de la deuda pública de Coahuila constituye un caso emblemático de estas dinámicas.

Dependencia y discrecionalidad de los recursos federales

El Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2024 asciende a $68,429.3 millones. De esa cifra, las participaciones federales (Ramo 28) representan $30,034.2 millones, es decir, 43.9% del total. A ello se suman las aportaciones federales (Ramo 33) por $22,744.6 millones, mientras que el resto proviene de ingresos propios y otras fuentes. El mismo documento registra un gasto en servicio de la deuda por $6,872.7 millones (amortización e intereses). En 2024, los acreedores del Gobierno eran la banca múltiple (tres instituciones comerciales) y la banca de desarrollo, donde Banobras concentró alrededor de 35% de la deuda. El uso desmedido y discrecional de los ingresos federales se evidencia por la información que da el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP): entre 2011 y 2024 las participaciones federales para Coahuila superaron los 150 mil millones de pesos en los años con información disponible (2011, 2017, 2018, 2021–2024). Proyectando los años faltantes, el acumulado del periodo se acercaría a 400 mil millones de pesos. Una porción significativa de estos recursos terminó destinada al pago de la deuda, limitando el margen de maniobra para gasto social y proyectos de inversión.

La contabilidad a modo

En teoría, las aportaciones federales (Ramo 33) llegan “etiquetadas”: la ley establece con claridad el sector y el programa en que deben aplicarse -educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, entre otros-. Sin embargo, auditorías de la ASF han documentado que, mediante maniobras como la redefinición de gastos dentro de programas, la reclasificación contable o los ajustes en calendarios de ministración, los gobiernos estatales logran flexibilizar estos recursos, redirigiéndolos a sectores y programas de interés particular para la clase gobernante de la entidad.

La deuda de Coahuila en 2011 y 2023

En 2011, la deuda pública del estado ascendía a 36,509.6 millones de pesos. Doce años después, al cierre de 2023, el saldo apenas se redujo a 36,291.7 millones de pesos, según datos del IMCO y del CEFP. La amortización al capital fue mínima, equivalente a 0.6% del total, mientras que el erario estatal destinó más de 50 mil millones de pesos al pago de intereses, comisiones y otros costos financieros durante ese periodo (Fuente: CEFP). Esta situación plantea una pregunta inevitable, incluso para un estudiante de los primeros semestres de economía: ¿por qué ocurrió así?

Una respuesta preliminar apunta a tres razones de orden político y económico: oportunidad histórica desperdiciada. La LVIII Legislatura del Congreso de Coahuila (2009-11) tenía la posibilidad de revertir los efectos negativos de la deuda, apoyándose en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y en una investigación técnica y judicial que involucrara a funcionarios, banqueros, notarios y jueces relacionados con la contratación irregular de créditos. Encubrimiento y negociación. En lugar de fincar responsabilidades, los legisladores eligieron el camino del encubrimiento, privilegiando los intereses partidistas y económicos sobre los sociales, y optaron por reestructuraciones sucesivas de la deuda. Visión cortoplacista. Como suele ocurrir en buena parte de la clase política mexicana, prevaleció una estrategia de corto plazo: evitar costos políticos inmediatos, aun cuando ello significara trasladar el peso financiero a las generaciones futuras.

Las reestructuraciones de la deuda

En teoría, las reestructuraciones de la deuda pública deben tener como finalidad aligerar el peso del pago de los compromisos financieros adquiridos en el pasado, de modo que no restrinjan ni cancelen los recursos destinados a sectores sociales clave para el desarrollo de la población, tanto en presupuestos subnacionales como nacionales. En el caso de Coahuila, se han realizado más de cinco negociaciones en un periodo de aproximadamente 12 años. Las primeras lograron diferir el horizonte de pago de los créditos, extendiendo los vencimientos a 20 y 30 años. También se obtuvieron reducciones marginales en las tasas de interés y se ofrecieron como garantía de pago las participaciones federales asignadas al estado.

En contrataciones posteriores, se logró reducir la cartera de acreedores, y un porcentaje elevado de los pasivos fue asumido por la banca de desarrollo (Banobras). Las reestructuraciones en Coahuila pueden resumirse de la siguiente manera: 1. Las amortizaciones de capital fueron mínimas, con el objetivo de disminuir las presiones de corto plazo por parte de los acreedores. 2. Se priorizó el pago puntual a los banqueros, sacrificando de forma significativa el presupuesto destinado a los sectores educativo y de salud.