Primer acto: empresarios de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila tuvieron un encuentro el 9 de mayo en Monclova con el Gobierno federal, representado a través de la Secretaría de Economía por su titular, Tatiana Clouthier, “para atender inquietudes y plantear soluciones sustantivas a temas económicos”, como ella misma señaló en su cuenta de Twitter. Que les tiren un salvavidas, pues. O eso creen ellos.

Segundo acto: días después, el 13 de mayo, el Gobierno federal vía otra de sus extensiones, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) otorgó la partida económica correspondiente a 2022 para el estado, estimada en 262 millones 861 mil 711 pesos, a un par de constructoras de Mérida, Yucatán, para que realicen obras a 2 mil 300 kilómetros de distancia, en Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.

Y si bien los peticionarios no son directamente licitantes del negocio que nos ocupa, el fenómeno revela explícitamente cuál es el trato real hacia el sector.

De entrada, dicha circunstancia motiva una pregunta: ¿es rentable adjudicar un trabajo que no es técnico ni especializado a quien tiene que desplazarse 2 mil 300 kilómetros de distancia para realizarlo?

Como resulta obvio, lo anterior implica subcontratación, intermediarismo, incluso coyotaje, uno de los males que presuntamente había erradicado el autodenominado régimen político de la cuarta transformación.

Pero vamos al grano. Se trata de la “renovación de la plaza central de Nueva Rosita y entorno urbano”, además de rehabilitar el “módulo deportivo con plaza en la colonia Nueva Imagen” y la “construcción del memorial Pasta de Conchos”, todas en el municipio de San Juan de Sabinas.

En la semana que hoy termina las tres fueron adjudicadas a la razón social Grupo Mármol Construcciones, S.A. de C.V., por 63 millones 449 mil 717 pesos, IVA incluido.

La referida sociedad mercantil pertenece a Rodrigo Adrián y Alejandro Adrián Martínez Molina, de Mérida, Yucatán (en 2018, cabe señalar, los hermanos Martínez Molina crearon también Mármol Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V., una compañía sucedánea, pero entre Rodrigo Adrián y Jorge Adrián).

El 10 de mayo, por su parte, fue adjudicada la “renovación integral y ampliación del polideportivo Palaú, y construcción de campo de beisbol infantil en el municipio de Múzquiz” en 129 millones 796 mil 164 pesos, IVA incluido. En este caso el beneficiado fue Constructora Próser, S.A. de C.V., de José Enrique González Prieto, Mercedes Bates López y Carlos Ancona Riestra, coincidentemente también de Mérida, Yucatán.

A su vez la misma Constructora Prócer se adjudicó la “renovación de parque lineal a un costado de la estación del ferrocarril del municipio de Sabinas” por otros 59 millones 645 mil 185 pesos, IVA incluido.

Justo es decirlo: los fallos de las licitaciones no fueron celebrados en sesión pública, sino difundidos a través de la plataforma CompraNet para evitar reclamos.

Finalmente, para la “supervisión externa” de las obras antes mencionadas contrataron a la empresa Sisa Hermes Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., de la Ciudad de México, en conjunto con Ingeniería y Construcción 3G, S.A. de C.V., constituida en Zamora, Michoacán, aunque con domicilio actual en Toluca, Estado de México, por un monto de 9 millones 970 mil 645 pesos, IVA incluido. Así, en total, la bolsa de 262 millones 861 mil 711 pesos acabará allende las fronteras de Coahuila.

Cortita y al pie

Ahora bien, no es un caso aislado, sino el denominador común. Sucedió en las labores que se aparentemente se realizan en la mina Pasta de Conchos y quién sabe a qué conducirán luego de mil 709 millones de pesos asignados el pasado 21 de abril por CFE entre Proacon México S.A. de C.V., Desarrollo de Terracerías, S.A. de C.V., e Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V., todas de la Ciudad de México.

También figura el proyecto Agua Saludable para La Laguna, compartido con Durango, donde Ozone Ecological Equipments, S.A. de C.V., Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V. e Ingeniería en Procesos de Tratamiento de Agua, S.A. de C.V., todas de la Ciudad de México, se acaban de embolsar mil 958 millones 890 mil pesos por adjudicación directa de Conagua el pasado 26 de abril para la construcción de una planta potabilizadora cuya ejecución aún está en veremos.

Y había ocurrido en las edificaciones que hizo Sedatu en 2019 y 2020, en Ciudad Acuña y Piedras Negras, estas últimas obras a sobrecosto, con detalles peculiares que se difundieron en este mismo espacio como la participación millonaria de un mesero de Acapulco, y cuya utilidad práctica –una presunta recuperación de espacios públicos en zonas de alta marginación– queda en entredicho.

Y aquí viene lo interesante: mientras Sedatu contrató vía licitación constructoras locales en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, entidades que también fueron favorecidas con presupuesto del programa de mejoramiento urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística, en Coahuila se importan contratistas de otras latitudes. Sí: un trato diferenciado.

Ni una sola empresa coahuilense favorecida, en resumen. No se trata de cometer incesto regional ni de bloquear la participación de foráneos en aras de un hipotético autoabastecimiento, sino de maximizar los recursos y activar la economía local. Es de lógica: si llega poco, y además no se reparte aquí, cuál derrama.

 La última y nos vamos

¿Y los coahuilenses, apá? ¿No tienen la capacidad para ser contratados, no existe la disposición de contratarlos, o simplemente no participan en los enjuagues centralistas de la 4T?