Nayarit.- Colectivas feministas denunciaron la posible presencia de agentes de investigación vestidos de civil durante la marcha convocada este 8 de marzo en Tepic, quienes podrían acudir sin identificación visible y representar vigilancia o intimidación en una protesta social.

Esta preocupación surgió a partir de las declaraciones, en conferencia de prensa, de la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, quien confirmó que personal de la Agencia de Investigación Criminal acudirá a la movilización convocada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La fiscal dijo que el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, “permitirá” la libertad de expresión, pero a petición de una comunicadora irán para evitar que se agreda a otras personas, aunque la actividad preventiva corresponde al área de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal.

“ En atención a la petición de una compañera, sí tendremos presencia en la marcha, con la agencia de investigación, mujeres vestidas de civil, únicamente para evitar que se agreda a quiénes estén transmitiendo, no se harán detenciones por vandalismo o daños porque es una instrucción federal”, declaró la funcionaria.

Tras estas afirmaciones, las organizaciones señalaron que la presencia de agentes sin identificación como servidoras públicas puede interpretarse como un mecanismo de vigilancia o infiltración durante una movilización ciudadana.

En un comunicado mencionaron que, especialistas en derechos humanos han advertido que los operativos de seguridad en manifestaciones públicas deben cumplir principios de legalidad y transparencia.

También, advirtieron que las autoridades encargadas de estas tareas sean plenamente identificables para garantizar rendición de cuentas y prevenir posibles abusos.

Asimismo, indicaron que el anuncio ocurre en un contexto de tensiones entre autoridades estatales y diversos sectores sociales que han recurrido a la protesta pública para expresar sus demandas.

Entre los casos señalados se encuentra la citación del analista político Ulises Rodríguez para comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin que hasta el momento se haya informado públicamente el motivo jurídico de la diligencia.

También mencionaron procesos penales contra activistas como Isaac Cárdenas, conocido como “Chakin”, y Edgar Iván “N”, así como contra integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), quienes enfrentan acusaciones por obstrucción de vías de comunicación tras protestas laborales.

A esto, recordaron, se suman las denuncias de colectivos de familias buscadoras que reportaron el hallazgo de restos óseos y expedientes abandonados a la intemperie dentro de instalaciones de la Fiscalía estatal.

Todo esto, apuntaron, ha incrementado los cuestionamientos hacia la institución encargada de procurar justicia en la entidad.

Ante este panorama, organizaciones recalcaron que cualquier intento de vigilancia encubierta durante la movilización del 8M podría interpretarse como una forma de criminalización del movimiento feminista.

Insistieron que, históricamente, las mujeres organizadas han recurrido a la protesta pública para denunciar la violencia contra ellas y exigir justicia ante casos de agresiones, desapariciones y feminicidios, de los que las autoridades han sido omisas.

Finalmente, recordaron que el derecho a la libre manifestación y a la protesta social está protegido por la Constitución mexicana y por instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizar su ejercicio sin intimidación ni condicionamientos.

Con información de Aristegui Noticias