El pasado 26 de febrero el Instituto Nacional Electoral declaró que tiene un déficit de 500 mil millones de pesos, y que por tanto la consulta popular no puede realizarse. Sin embargo, el colectivo de Juicio a Expresidentes, promoventes de dicha consulta que habría de realizarse el 1º de agosto, arrancaron este primero de marzo con una campaña a nivel nacional para insistir en dicho proceso democrático.

“Pese a que el INE se declaró en bancarrota, la ciudadanía no se echa para atrás y exigimos que el instituto más caro del mundo, organice la consulta popular, por la que más de 2.1 millones de personas firmamos en septiembre de 2020”, expresó el colectivo en un comunicado de su página de Facebook.

Las redes sociales fueron testigos de la activación de la campaña en lugares emblemáticos de la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes y Guerrero,  se espera que el próximo fin de semana, más estados y municipios se sumen a este esfuerzo ciudadano.

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“Quiero comentarles que es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del 15 de septiembre, cuando, a través de sus facultades de Ejecutivo, envió al senado la solicitud de la consulta.

Aguas blancas (1995), Acteal (1997), San Fernando (2010), Tlatlaya (2014), Ayotzinapa (2014) son crímenes de estado que permanecen impunes; producto del abandono y opresión a la justicia social, característica de los periodos neoliberales que iniciaron con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

Con información de Regeneración