Ciudad de México.- En carta entregada a Proceso “El colectivo Defendamos la Colección Gelman” llama al gobierno mexicano, una vez más, para defender los intereses de la nación por encima de los particulares, y procurar las condiciones para que el acervo encuentre en México una sede principal.

El documento se da a conocer luego de que la Cámara de Diputados exhortara –mediante un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria el 8 de abril–, a la Secretaría de Cultura para hacer públicos tres documentos:

El ‘convenio tripartita’ (firmado por la familia Zambrano titulares del acervo, el Banco Santander que gestionará el mismo, y el INBAL), los Oficios de Autorización de Exportación Temporal, y el ‘Informe de trazabilidad’ de la colección de 1998 hasta 2026, para garantizar la transparencia y legalidad en la exportación de obras pertenecientes a la Colección Gelman que cuentan con declaratoria de ‘Monumento Artístico’.

El colectivo ha seguido el caso desde principios de año luego de la carta pública ‘El caso colección Gelman: un desatino institucional en espera de respuestas’, firmada por cerca de 200 personalidades de la comunidad artística y cultural en donde expresaron consternación ante faltas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que observaron respecto a las obras que pertenecen al acervo, mismas que viajarán después de julio para inaugurar el Faro Santander, en España.

 

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Tras diversas publicaciones en los últimos dos meses, afirmaciones de la Secretaría de Cultura en ‘conferencias mañaneras’, y de la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que recalcan el carácter de ‘propiedad privada’ de la obra, instan nuevamente al Gobierno de México a respetar la ley y ocuparse de las condiciones para que la colección se encuentre en México:

La misiva entregada a Proceso se reproduce íntegra a continuación:

Ciudad de México, 16 de abril de 2026

Hasta ahora, la única defensa esgrimida por quienes están a favor de que la Colección Gelman se vaya de México por tiempo indefinido es que es propiedad privada. Ya sean funcionarias públicas, historiadores del arte e, incluso, expertos en Frida Kahlo, lo que se repite por todos lados es que los privados, en pocas palabras, pueden hacer lo que les plazca con sus colecciones. Del gobierno no se escucha ninguna otra defensa que no sea argüir que la Secretaría de Cultura y el INBAL no pueden más que confiar en que los privados respeten la ley (como si no hubiera kilómetros de ejemplos de casos en que esto no sucede).

Somos plenamente conscientes de que esta valiosa colección pertenece a particulares y que las declaratorias de Monumento Artístico que ostentan algunas de sus obras no convierten al conjunto, ni a estas piezas inigualables, en propiedad de la nación. Al mismo tiempo, cabe resaltar que su calidad de acervo privado en absoluto lo exime de cumplir sin miramientos con la legislación mexicana en materia de patrimonio.

Las obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y María Izquierdo que forman parte de la Colección Gelman cuentan con un decreto presidencial por el cual fueron declaradas susceptibles de la mayor protección y cuidado estatal por su valor excepcional. Un valor que, vale la pena resaltarlo, no provino de una decisión aribitraria de un funcionario público, sino que es resultado de un largo proceso de valorización, en el cual la sociedad misma juega un papel fundamental.

Estas declaratorias no buscan controlar la propiedad privada ni castigar a los coleccionistas, como han insinuado algunos. A lo único que atiende esta legislación es al cuidado de las obras. Para algunos, el imperativo de mantenerlas en el país puede parecer extremo, pero es la legislación que hay hoy, y extraña que incluso servidoras públicas sugieran que en su interpretación cabe una lectura tan laxa como para, en los hechos, dejar sin efecto el fin de la ley.

Se hace necesario recordar, entonces, que las declaratorias anteceden la compra de la colección. Nadie está buscando imponerle a su nuevo propietario una normativa ocurrente y espontánea. Pero tampoco hay que olvidar que el conjunto que él adquirió cuenta con un núcleo de treinta obras que no pueden salir del país, salvo en ocasiones contadas y excepcionales. Esta condición estaba dada. Y eso es lo que Littman le entregó a Zambrano: una colección con obras protegidas, que no pueden exportarse. Si esto le pesa al coleccionista –y a su aliado, el Banco Santander–, tendría que haber optado por mejor hacerse de otro tipo de acervo, por ejemplo, de arte contemporáneo, para poderlo viajar, vender, fragmentar y manejarlo a su antojo. No hay aquí ningún tipo de intriga. Eso venía con el paquete: en particular, las obras de Frida Kahlo, que son el tesoro incalculable dentro de la colección, no pueden abandonar el territorio nacional de manera definitiva bajo ninguna circunstancia.

Lo que nosotros venimos pidiendo desde hace más de un mes no es ninguna extravagancia nacida de la especulación, como han dicho varios. Nuestra demanda no ha sido otra que el cumplimiento de la ley, sin privilegios ni excepciones. Y no deja de sorprendernos que sean precisamente las autoridades culturales y sus historiadores a modo los que pugnen por escapar de la estricta observancia de la legislación vigente.

En lugar de defender intereses particulares, el Gobierno de México debería estar ocupado en crear las condiciones y procurar el clima propicio para que la colección encuentre en México su sede principal. Sólo así podría protegerse el acervo en su conjunto e impedir que los privados lo sigan fragmentando y busquen, en los recovecos de la ley, la manera de mantenerlo fuera del país por tiempo indefinido. No le tocaría a nuestras autoridades culturales hacerle la segunda en semejante despropósito a nadie. Su papel es proteger el patrimonio nacional, no ayudar a su monetización y menos a su expolio.

Colectivo Defendamos la Colección Gelman