Mientras el país debate sobre el precio del litro de gasolina y los subsidios que lo amortiguan, una red paralela de corrupción y evasión fiscal se ha consolidado en las entrañas del sistema energético mexicano: el huachicol fiscal.

A diferencia del robo tradicional de combustible, el huachicol fiscal opera con guante blanco, desde oficinas administrativas, aduanas y empresas fachada. Y su impacto es devastador.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, anunció la detención de 14 personas vinculadas a una red de contrabando de hidrocarburos que operaba desde el puerto de Tampico.

Entre los detenidos figuran un vicealmirante de la Marina, un exjuez federal y varios empresarios, todos implicados en el ingreso ilegal de más de 10 millones de litros de diésel mediante documentación falsa y empresas fantasma.

La Fiscalía General de la República y la Agencia Nacional de Aduanas han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión adicionales contra funcionarios, militares y empresarios involucrados en una extensa red de corrupción.

El caso más emblemático es el de Ingemar, vinculada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, que obtuvo permisos para importar 500 millones de litros de combustible, a pesar de que otros permisos similares estaban congelados.

Esta compañía abastecía a más de 320 gasolineras, incluyendo marcas como G500 y Oxxo Gas, lo que revela la profundidad del problema. Pero más allá de los nombres y las cifras, el verdadero daño está en las finanzas públicas.

El huachicol fiscal representa una pérdida anual de hasta 177 mil millones de pesos, lo que equivale a 44% de la recaudación del IEPS sobre gasolinas y diésel.

Este desfalco supera el presupuesto completo de la Secretaría de Energía y podría duplicar los fondos destinados a salud, educación o infraestructura carretera.

La evasión se realiza mediante la simulación de importaciones, clasificando combustibles como lubricantes o aditivos para evitar el pago de impuestos.

El combustible entra al país sin cubrir IEPS ni IVA, se comercializa a precios más bajos y genera márgenes de ganancia exorbitantes para los involucrados. Todo esto con la complicidad de autoridades aduanales, militares y marinos.

Este saqueo silencioso no sólo mina la recaudación fiscal, sino que distorsiona el mercado energético, fomenta la competencia desleal y fortalece redes criminales.

De hecho, informes internacionales señalan que el huachicol fiscal ha sido fuente de financiamiento para cárteles como el CJNG, el de Sinaloa y el del Golfo.

S&P MANTUVO LA calificación de la deuda mexicana en “BBB+” con perspectiva estable, respaldada por instituciones sólidas y disciplina fiscal. La agencia confía en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum actuará con pragmatismo ante las tensiones con Estados Unidos. No obstante, advierte riesgos si aumentan los apoyos a Pemex y CFE o si se retrasa la contención del déficit. El nearshoring y una mayor base fiscal podrían mejorar la nota. Hacienda celebró la ratificación como señal de confianza en la economía mexicana.

LAS GANANCIAS de la banca en México muestran señales de desaceleración: entre enero y julio sumaron 178 mil 430 millones de pesos, apenas 0.3% más que en 2024. La baja en tasas de interés y un entorno económico estancado han moderado el crecimiento. Los siete bancos sistémicos reportaron una caída conjunta de 4.5% en sus utilidades. Aunque BBVA y Santander, que encabezan Eduardo Osuna y Felipe García Ascencio, respectivamente, crecieron, Banamex, Scotiabank, Inbursa y HSBC registraron retrocesos. El sector sigue siendo rentable, pero enfrenta un entorno menos favorable que en años recientes.

EL COMPLEJO Ku-Maloob-Zaap, del que depende un tercio de la producción nacional, atraviesa su nivel más bajo en 17 años. Entre enero y julio promedió 538.7 mil barriles diarios, 10% menos que en 2024 y 39% por debajo del pico de 2018. La sobreexplotación de Cantarell y el declive de Ku-Maloob-Zaap evidencian la fragilidad de la plataforma petrolera. Aunque Pemex impulsa nuevos campos, los resultados aún son insuficientes.

EN QUINTANA ROO conviven dos visiones que hoy chocan en Cozumel: el impulso federal a megaproyectos y el activismo ambiental respaldado por autoridades estatales. La liberación de José Urbina, tras invadir un predio, fue gestionada por funcionarios locales, pese a que la obra cuenta con aval ambiental. La terminal de cruceros enfrenta bloqueos y suspensiones, mientras el gobierno estatal asume una postura que genera incertidumbre jurídica.