Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el nuevo dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la oposición admitió que hubo avances, señaló que estos son insuficientes.

Entre los puntos más relevantes destaca la eliminación del controvertido artículo 109, que habría permitido el bloqueo temporal de plataformas digitales. Aunque, de acuerdo con los legisladores de oposición, suprimir dicho artículo responde a preocupaciones por posibles actos de censura y garantiza la libertad digital.

En su lugar, se mantiene el artículo 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos, para asegurar el cumplimiento del marco legal nacional.

¿Cómo fue la discusión?

Al presentar el dictamen, José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía envió un mensaje aquienes manifestaron preocupación sobre el posible control de contenidos.

“ Se eliminaron los artículos que otorgaban atribuciones a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital para intervenir en contenidos o bloquear plataformas y se protege nuestra soberanía con la limitación de propaganda política extranjera sin afectar la libre expresión”, añadió.

Uno de los pilares de esta ley es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica y operativa, encargado de resolver, supervisar y dictar lineamientos regulatorios con base en criterios técnicos y pluralidad institucional.

Esta estructura colegiada estará compuesta por cinco comisionados, que serán propuestos por la Presidenta de la República y ratificados por el Senado.

Por varios minutos se confrontaron el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, y el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral.

El panista acusó que hace 64 días se presentó con carácter de urgente una reforma a la Ley de Telecomunicaciones con el pretexto de retirar del aire spots del gobierno de Estados Unidos, que supuestamente denigraban a migrantes mexicanos, pero en realidad se trataba de una nueva ley de casi 250 páginas que, según él, buscaba introducir mecanismos de censura y concentración de poder.

Afirmó que, aunque el dictamen ha sido modificado y se eliminaron artículos polémicos como el 109 (bloqueo de plataformas), 201 y 202 (censura previa), y los artículos 56-58 (violatorios del T-MEC), aún persisten tres temas críticos: la creación encubierta de un padrón de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real sin orden judicial (ahora en el artículo 183) y la posibilidad de suspender transmisiones bajo el argumento ambiguo de “derechos de las audiencias”.

“ Hay tres asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior.

“ Y me quiero referir de manera puntual a esos tres problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los tres cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara de los Senadores”, dijo.

En tanto, el morenista Corral señaló que los puntos ya están vigentes en la ley y se aprobaron por gobiernos panistas y priistas.

“ Se ha hablado de que se crea un registro público de telefonía móvil, es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? Vamos a dejar a las fuerzas obscuras para que todos puedan tener dispositivos móviles como instrumentos del delito”.

Durante el debate el senador morenista Óscar Cantón Zetina, calificó a la cuarta transformación como “la dictadura más democrática que he conocido en el mundo”.

En respuesta a críticas sobre presuntos tintes autoritarios del movimiento, el legislador defendió que, a diferencia de una dictadura tradicional, en la 4T incluso las minorías con pocos votos tienen oportunidad de participar e incidir en las decisiones.

“ Y para mí, para mí la verdad, la cuarta transformación es la dictadura más democrática que he conocido en el mundo, porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, ¿cuándo van a tener oportunidad con los pocos votos que representan incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? Son pocos, pero los respetamos, son pocos, pero los escuchamos, son pocos, pero tienen mucho que aportar a México”, aseveró.

Esta iniciativa propone una transformación estructural del marco regulatorio del sector, incluyendo la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como nueva autoridad reguladora.

Sin embargo, José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y senador de Morena, destacó que el nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es resultado de un proceso legislativo inédito, que incluyó cinco conversatorios públicos con participación de expertos, concesionarios, pueblos originarios, personas con discapacidad y legisladores de todos los partidos.

El documento, dijo, garantiza acceso universal a internet, fortalece el pluralismo, la libertad de expresión y la participación estatal en el sector.

“ Se fortalece el pluralismo, la libertad de expresión, se fortalece el derecho a la información, separando con precisión las competencias regulatorias y garantizando la participación activa del Estado en la política pública del sector”, aseguró.

Además, señaló que la reforma reconoce derechos de comunidades históricamente marginadas, permite sostenibilidad de medios comunitarios y elimina facultades a Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital para intervenir en contenidos.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Bárrales, reconoció que el nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones representa avances significativos frente a la iniciativa original.

Entre los cambios positivos, destacó la eliminación del artículo 109 que permitía bloquear plataformas digitales, la reducción de atribuciones a la Agencia de Transformación Digital, nuevos candados al acceso de datos personales y la reserva de intervención de comunicaciones sólo con orden judicial.

“ Queremos reconocer públicamente el esfuerzo, los agobios del senador Javier Corral, que lo vimos constantemente en este esfuerzo por incorporar todas estas voces, por tratar de escuchar todos estos planteamientos, de recogerlos. Hay que celebrar esa actitud. Sobre todo celebrar que estoy convencida que en este esfuerzo el Senado está realmente haciendo política. Escuchar, tolerar, incluir, no tener acuerdo en muchos temas, pero me parece que ese es parte del oficio que debiéramos, ojalá, ir recuperando cada vez más en este Senado”, destacó.

Aunque dijo que el dictamen no resuelve todos los temas, Bárrales celebró el esfuerzo de apertura y diálogo, y confió en que su grupo parlamentario podría respaldarlo en la votación final tras una revisión completa.

La senadora priista Claudia Anaya advirtió que el dictamen contiene disposiciones inconstitucionales, a pesar de que corrige otras previamente señaladas.

Celebró que se haya trasladado la regulación del agente económico preponderante a la Comisión Nacional Antimonopolios, pero cuestionó que esta sea un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica, lo que limitaría su autonomía y generaría conflictos legales en su integración, pues el Senado no tiene facultades constitucionales para nombrar a sus comisionados.

“ Aquí es donde meten la inconstitucionalidad. Nosotros para poder nombrar o ratificar, tomar protesta o destituir, tenemos que tenerlo entre las facultades del Senado, las que nos marca el 76 constitucional. Nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros, entonces estaríamos cometiendo un acto inconstitucional”.

Anaya también alertó sobre riesgos en temas de interconexión sin garantías de seguridad, cuestionó la competencia desleal del internet subsidiado por el Estado a través de Altán, y criticó la falta de consulta a pueblos indígenas y personas con discapacidad.

Información de Milenio.