Monclova, Coah.- A casi 20 millones de pesos y no 7.4 millones de pesos ascendió el desfalco en la Sección 288 del Sindicato Democrático de acuerdo a lo dicho ayer en audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal donde entre gritos, rechiflas, airadas protestas, escaramuzas y vigilancia policial, comparecieron los tres ex líderes a quienes se les confirmó el auto de vinculación a proceso.

La audiencia dirigida por el magistrado Hiradier Huerta Rodríguez se efectuó por apelación de los imputados Patricio Quintero Alemán, Jorge Alarcón Rodríguez y Francisco Ballesteros para intentar desbaratar el auto de vinculación a proceso dictado el 16 de abril, pero les fue negado, sin embargo, continuarán el proceso en libertad hasta que concluya el juicio.

Fidel Hernández abogado que representa a la Sección 288, señaló en la audiencia que la auditoría arrojó desfalco de entre 18 y 20 millones de pesos y que los acusados cambiaron de nombre sus propiedades. El magistrado del Tribunal Unitario de Distrito del Poder Judicial del Estado, Hiradier Huerta, indicó que la investigación judicial podría durar hasta seis meses.

Sí podían administrar las cuentas

Sergio Elizondo, abogado de los ex dirigentes sindicales, expresó que las cuentas bancarias estaban a nombre de sus clientes, no del sindicato y que obviamente ellos tenían facultades para administrarlas”.

Al término de la audiencia, la cual duró 40 minutos, los ex dirigentes sindicales abandonaron el recinto de justicia con decenas de dirigentes y trabajadores gritándoles en coro acusaciones de robo y reclamando justicia, entonces se dirigieron los imputados al estacionamiento.

Al pasar a bordo de sus vehículos para retirarse, fueron copados por los manifestantes quienes les gritaban acusaciones de ladrones y colocaban las cartulinas en la ventanilla de sus coches, Jorge Alarcón Rodríguez se hizo de palabras con un trabajador y ya en el exterior del edificio en pleno libramiento Carlos Salinas ambos parecían dispuestos a enfrentarse a golpes, pero no pasó nada.

Una docena de agentes de la Policía Civil de Coahuila instalaron un dispositivo de prevención para inhibir alguna situación de riesgo contra la integridad física de los imputados, pero no se produjeron agresiones.

El magistrado Hiradier Huerta señaló que no entrará en materia de estudio el tema de embargo, ni prisión preventiva contra los imputados porque no fue presentada información precisa para el posible secuestro de bienes, ni inconformidad en su momento contra el proceso en libertad.