El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miriam Cárdenas Cantú, renunciaron a sus cargos en el lapso de una semana. Los motivos son diametralmente opuestos. La dimisión del primero la provocó una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero. La segunda quedó atrapada en una lucha por el control del Poder Judicial cuyos actores son el exgobernador Rubén Moreira y su sucesor Miguel Ángel Riquelme.

Cárdenas decidió jubilarse 14 meses antes de terminar el periodo quinquenal como primera magistrada al frente del TSJE, apadrinada por Moreira. Con su retiro bajará a cinco el número de presidentas de tribunales estatales. Las razones esgrimidas por la exdiputada federal del PRI y expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para colgar la toga son plausibles, pues su tercer informe lo leyó sentada y recién salida del quirófano. La actitud acredita su sentido del deber, pero también refleja las presiones e intereses políticos y económicos en un órgano viciado y con fuerte tufo moreirista.

Renunciar no figuraba en los planes de Cárdenas, pero resultaba incómoda y estaba entre dos fuegos. El 14 de febrero pasado, en su informe, reiteró ante el gobernador Miguel Riquelme su compromiso de trabajar con honestidad, responsabilidad y el mayor de sus empeños. “La impartición de justicia debe estar regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal como lo mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución local”. El quid es la

independencia. El Poder Judicial sigue supeditado al Ejecutivo; sobre todo en los estados.

Cárdenas exhortó al TSJE, dominado por varones –solo dos de los 11 magistrados son mujeres–, a “redoblar esfuerzos y de ninguna manera tolerar prácticas contrarias a la legalidad y certeza jurídica que debemos a la sociedad (…) los coahuilenses demandan un sistema de justicia efectivo y probo; y en la ruta para consolidarlo, nuestra responsabilidad es y será trabajar al amparo de aquellos principos y valores que asumimos como institución”. En su afán de dominarlo todo, el presidente López Obrador reformará los tribunales de justicia de los estados para atacar la corrupción e independizarlos de los gobernadores.

Los escándalos en el TSJE (megadeuda, Ficrea, Infonavit), Cárdenas los abordó con eufemismos: “(…) nos dimos a la tarea de desterrar acciones que, infortunadamente, pusieron en duda la honestidad y transparecia en la impartición de justicia y comprometieron la reputación de cada una de las personas que laboramos en el Poder Judicial y que realizamos con honestidad las tareas que nos corresponden”. La presión sobre Cárdenas, en lugar de menguar, se intensificó. En mayo salió al paso de intrigas y rumores sobre su permanencia en la jefatura del TSJE: “concluyo mi mandato como presidenta; esa es la responsabilidad que asumí y es la responsabilidad que cumplo”. Cinco meses después cambió la historia. Su reemplazo deberá terminar el periodo inconcluso y seguramente se reelegirá.

El Poder Judicial se encuentra en un proceso de reestructuración. En consonancia con López Obrador, Riquelme busca, como sus predecesores, hacerse con el mando; en su caso, para “desrubenizarlo”. ¿Y la independencia del TSJE? Es un mito. La justicia seguirá en manos de improvisados, políticos fracasados y cómplices del poder.