El moreirazo evidenció al Congreso y a la Secretaría de Hacienda. Ninguno detectó –o fingió ignorar– el acelerado e irregular endeudamiento de estados como Coahuila.

Una vez descubierto, la Auditoría Superior de la Federación propuso analizar el “entorno y la dinámica de la deuda subnacional”. Le sorprendía el aumento de 187 mil millones de pesos (92.4% en términos reales) registrado entre 2008 y 2011.

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados advierte en el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios (2012): “Uno de los problemas a resolver es dar plena transparencia al total de la deuda, de los pasivos contingentes y de las obligaciones financieras a cargo de los gobiernos subnacionales, a fin de medir la capacidad de pago de las finanzas públicas (…)”.

Campeche y Coahuila mostraron las variaciones de adeudos más elevadas en el mismo lapso, de acuerdo con la ASE: 2,420% y 1,639% respectivamente. Al cierre del primer trimestre de 2011, las obligaciones registradas y las reales de los estados mostraron una discrepancia por 48 mil 994 millones de pesos; después subió a 56 mil millones de pesos.

Coahuila fue el estado con la mayor deuda no declarada: 23 mil 643 mil millones, cifra 7.7 veces superior a la omitida por Estado de México, cuyo Gobernador era entonces Enrique Peña Nieto.

Junto con el crecimiento vertiginoso de la deuda subnacional la cartera vencida se disparó a 200 mil 765 mil millones de pesos, lo cual encendió las alarmas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En octubre de 2011, la CNBV dictó medidas para incrementar el monto de las reservas preventivas y garantizar la recuperación de créditos. Las cosas no pararon allí.

El 17 de febrero, el mismo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda ordenó a las agencias calificadoras establecer elementos mínimos para estudiar, evaluar y dictaminar la calidad crediticia de valores y clientes con información actualizada, relevante, oportuna y clara.

El saldo acumulado de los pasivos estatales se ignoraba, debido a que sólo se registraban ante Hacienda los garantizados con participaciones. La Ley de Deuda Pública concedía ventajas adicionales a los gobiernos locales, pues tampoco los obligaba a reportar la deuda de corto plazo ni compromisos financieros como los proyectos de inversión en el esquema de asociaciones Público Privadas, las cuales se contabilizaban como gasto corriente y no como deuda pública directa.

Coahuila es una de las referencias del estudio. De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución general, “los estados y los municipios podrán contraer obligaciones o empréstitos sólo cuando se destinen a inversiones públicas productivas”.

En teoría, los congresos locales deberían autorizar la deuda y los gobernadores informar sobre su aplicación. En la Administración de Humberto Moreira el tema financiero fue tabú. Después se sabría la razón: ocultar la deuda.

Sólo cuando el escándalo afloró se supo que la Legislatura no había aprobado una parte significativa del pasivo, pero en vez de ejercer sus facultades y demandar al Gobierno por violar la Constitución local usar decretos falsos, legalizó el atraco.

Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda y las empresas fantasma en la gestión de Rubén Moreira duermen en los archivos de la Fiscalía General del Estado, arrulladas por un Sistema Estatal Anticorrupción inútil y al servicio del clan.