En los últimos días, los coahuilenses hemos sido testigos de cómo los problemas en el Poder Judicial del Estado han entrado en una franca y preocupante escalada. Ya es cosa de todos los días ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, y a sus funcionarios cercanos, saliendo a dar la cara para intentar calmar los ánimos encendidos de los litigantes, principalmente en Saltillo. La comunidad jurídica no se cansa de reclamar el desdén, la apatía y la negligencia con la que, algunos empleados de los juzgados realizan sus obligaciones.

Sin embargo, para quien esto escribe, el caos actual, acentuado en la capital ante la mudanza a la nueva e inaugurada Ciudad Judicial, que pretende albergar a todos los juzgados de primera instancia con excepción de la materia penal, va mucho más allá de una simple falta de organización o de una mudanza accidentada. Lo que realmente ocurre en las entrañas de la institución tiene un trasfondo mucho más maquiavélico.

Una buena parte del personal, desde auxiliares, actuarios, y hasta secretarios y jueces, parecieran estar jugando a la contra de su propio presidente. Es como si intuyeran que la justicia es el rubro más sensible de la Administración Pública y, aprovechándose de esa fragilidad, se coordinaran en un complot silencioso para hacer quedar mal a la cabeza del Poder Judicial, buscando un colapso sistémico.

Hoy, como nunca, algunos jueces se permiten de todo, y para ejemplos, sobran botones. Ahí está el caso en Parras de la Fuente del juez en materia civil de apellido Villalobos, quien se da el lujo de desechar demandas a su libre albedrío y discreción, haciendo nugatorio el derecho constitucional de acceso a la justicia, como si fuera el dueño absoluto de la ley. O lo que ocurre con un juzgador de lo civil de Saltillo que, luego de realizar diversas anomalías a través de sus subordinados, se atrever luego a ordenarles condicionar la admisión de las acusaciones y recusaciones en su contra, bloqueando el último recurso que le queda al ciudadano para quitarse de encima su evidente animadversión.

No me mueve el ánimo de defender al presidente Felipe Mery Ayup, sino el rigor de reconocer, como litigante que soy, que el presidente sueña y se esfuerza por lograr un órgano de vanguardia, y quizás, y sólo quizás, no se ha percatado de que, parte del personal a su cargo está empecinado en que las cosas no funcionen. Desde la misma recepción de las demandas hasta las sentencias definitivas, todo parece fríamente calculado para asfixiar al sistema. Se sienten inamovibles, escudados en prebendas sindicales o en parientes o padrinos políticos, retando la autoridad de una presidencia que urge les demuestre quién lleva el timón.

De seguir así, la justicia en Coahuila entrará en su peor crisis histórica. Los litigantes y los ciudadanos conocemos los canales legales para llevar uno a uno a estos burócratas al banquillo de los acusados. No obstante, el cese fulminante por negligencia debería llegar antes. No sé si alguien mueve los hilos desde la sombra o si es simple antipatía hacia la actual gestión; lo único seguro es que, si la autoridad no pone orden de inmediato, la ciudadanía terminará por exigir cuentas por propia mano a estos funcionarios que olvidaron una máxima de oro: en la administración de justicia, la situación es de puros deberes y no de quereres.