Ciudad de México.- En un momento de la llegada de la nueva corte, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo está poniendo en riesgo los arrecifes del Golfo de México con la ampliación del puerto de Veracruz.

Por medio de un posicionamiento, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con las organizaciones Territorios Diversos Para la Vida y Earthjustice recordaron que el 23 de julio, durante la conferencia mañanera de Sheinbaum, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que en septiembre comenzarán los trabajos de construcción de la escollera sur del puerto veracruzano, una obra de más de tres kilómetros de longitud.

Para las organizaciones ambientales, el anuncio “implica un grave retroceso, al poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano, en particular el arrecife La Gallega”.

Y es que faltan estudios ambientales actualizados.

“ Preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales”, enfatizó AIDA.

Se contradice resolución

Además, la ampliación contradice lo resuelto en marzo de 2022 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el amparo en revisión 54/2022, la entonces Corte dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había emitido desde 2004.

“ La Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos”, se lee en el documento de AIDA.

La sentencia obligó a realizar una evaluación ambiental integral que contemplara todo el proyecto y sus impactos sobre arrecifes y humedales de la zona de influencia.

Pese a ello, el plan avanza con una inversión proyectada de 10 mil millones de pesos, 7 mil 750 millones de origen público y el resto proveniente de recursos privados a través de licitaciones, de acuerdo con información del gobierno de México.