“Peor que un tonto es un tonto con iniciativa y, es más grave si este tiene poder”. El anterior adagio lo leí desde hace tiempo, y pensé que sería difícil tratar de encuadrarlo en circunstancias actuales, y es que en estos tiempos es difícil encontrar personas con verdadera iniciativa y los pocos que la tienen algo turbio persiguen, aunque solo sea notoriedad.

La peor aplicación del citado adagio viene cuando se constata en el entusiasmo de autoridades que demuestran gran desconocimiento del alcance de sus prerrogativas, lo que demostraré reseñando algunas acciones realizadas por nuestro Congreso coahuilense, las cuales bajo la excusa de promulgar leyes vanguardistas encaminadas a la protección a los derechos políticos electorales, solo han conseguido bofetadas de los máximos tribunales de justicia.

Debemos recordar que en junio pasado, el Tribunal Constitucional de Coahuila invalidó una reforma aprobada en diciembre de 2021 por nuestro Congreso local, en materia de paridad de género. La resolución declaró la inconstitucionalidad grave y sustancial de los requisitos esenciales de deliberación mínima, echando abajo dicha reforma que establecía la alternancia de género para la Gubernatura, cargos públicos y aquellos que no se renuevan mediante el voto popular.

Con la supuesta gran idea de reforma, se buscaba que si en 2023 se elegía a un hombre como Gobernador, en 2029 todos los partidos deberían postular mujeres; así igual, contemplaba innovaciones en materia de violencia política en razón de género, considerándola como causal de nulidad de una elección local. Sin embargo, el Tribunal Constitucional local refirió que, conforme a la Constitución local y la Ley de Justicia Constitucional, para que estas reformas fueran válidas se debió garantizar la deliberación mínima del sentir de los ayuntamientos, como órganos deliberantes municipales.

Debido a que la anterior condición no se cumplió, el Tribunal decidió dejar sin efecto el decreto de reforma y ordenó al Congreso del Estado reponer el procedimiento, lo que jamás se llevó al cabo. Por consecuencia, y dado que no se cumplió con dicho proceso, la reforma de paridad para este proceso electoral 2023, quedó invalidada y sin efectos.

Exactamente igual pasó a los decretos de reformas a la Constitución y el Código Electoral de Coahuila promulgados en septiembre de 2022, otra vez por nuestro Congreso local, con las cuales se aumentaban de 25 a 27 el número de diputados locales, las dos diputaciones adicionales se otorgarían a grupos vulnerables, entre otras ocurrencias. Por desgracia, y como debía pasar, el pasado de enero, por unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó tales decretos. Lo anterior dado que, el Congreso local omitió, otra vez, llevar a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad. O lo que es lo mismo, nadie les pidió andar de oficiosos.

Lo peor es que, por consecuencia de estas imprudentes iniciativas de reformas, el calendario y las reglas electorales han sufrido constantes modificaciones, poniendo al proceso eleccionario en una grave incertidumbre. Con todo lo anterior es evidente que el adagio mencionado al principio de esta columna puede aplicarse sin reserva a nuestro Congreso y a su asesor ¿Usted lo duda?