¿Qué podían haber pactado Enrique Peña Nieto, el Presidente más impopular de México, y Andrés Manuel López Obrador, el candidato más votado? El primero carecía de fuerza y capital político para imponer condiciones, y el segundo los tenía de sobra como para aceptar ninguna, a diferencia de Carlos Salinas (PRI) y Felipe Calderón (PAN), cuyos partidos se aliaron después de las elecciones fraudulentas de 1988 y 2006, y cedieron ante los grupos de presión para poder gobernar. Exiliado en España, Peña Nieto es uno de los principales objetivos de la consulta popular del 1 de agosto, cuyo propósito consiste en enjuiciar a los expresidentes venales.

El único reconocimiento de López Obrador a Peña Nieto fue en su discurso inaugural, por no haber intervenido en las elecciones “como lo hicieron otros presidentes”. Enseguida lo puso contra las cuerdas: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la violencia. (…) Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción”.

El objetivo de la primera consulta popular de rango constitucional lo condensó tres atrás años en una frase: “El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación (…) No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del Gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal fuente de poder político, por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo Gobierno, respondo: acabar con la corrupción”.

Varios intocables ya han sido alcanzados por la 4T (Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Ramón Collado y Alonso Ancira), pero aún faltan sus jefes: los expresidentes. Peña Nieto, el más vinculado a Salinas de Gortari, es el principal. Un cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, con fecha 24 de septiembre de 2009, filtrado por Wikileaks, le atribuye a Salinas el padrinazgo político del entonces Gobernador del Estado de México. “Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia, cuando se trata de amigos y aliados”. Con respecto de Salinas, advierte: “parece cortado con la misma tijera” (La Jornada, 23-05-11).

De los exmandatarios cuyas fotografías exhibieron los promotores del referéndum -organizado por el Instituto Nacional Electoral a un costo de 528 millones de pesos- en volantes y carteles, Peña Nieto y Salinas de Gortari son quienes reúnen mejor el perfil descrito por el presidente López Obrador en su toma de posesión. “El Gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo (…) Ya el Gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”. En la cuarta transformación no habría caza de brujas ni cabezas de turco, dijo AMLO.

Sin embargo, adelantó, en todos los temas “de trascendencia para la vida pública del país (…) la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos”. La demanda de 6.6 millones de mexicanos en el plebiscito de agosto, por irrefutable, debe ser acatada: juicio a los expresidentes. López Obrador lo será a partir del 1 de octubre de 2024. Mientras tanto, la siguiente consulta, sobre la revocación de su mandato, será el año próximo.