Monclova, Coah.- Cuando el 25 de marzo de 2015 ante notario público, Altos Hornos de México creó en Fernando Monroy un ente con súper poderes, sin restricciones, con facultades ilimitadas de administrador, en realidad estaba construyendo un personaje de perversidad y maldad que luego amenazaría de muerte hasta a sus cómplices en fraudes seriales contra la empresa.

Altos Hornos de México, después observó tardíamente como Monroy colapsaba sus finanzas liderando una estructura de corrupción bien cimentada durante tres años, reclutando gente con problemas económicos para convertirlos en falsos prestadores de servicios, luego les quitaba el dinero que la empresa les pagaba y les asignaba una comisión de 5 por ciento.

Los testigos protegidos, ex cómplices de Fernando Monroy que terminaron por hundirlo a cambio de inmunidad son el ex subgerente de Vinculación y Contratación, German Cepeda Estavillo, y los falsos proveedores de cursos de capacitación Alejandra Flores de Luna, y Édgar Alberto Siller Herrera.

Al corte de una auditoría concluida el 11 de febrero de 2022, el desfalco arrojaba 72 millones 479 mil 312 pesos y 80 centavos en 28 falsos contratos de simulación de prestación de servicios de capacitación de los cuales 8 fueron para Héctor; 5 para Ernesto; 6 para Édgar Alberto Siller; 6 para María Flores Luna y 3 para Cristian Emanuel, no trabajaron en nada, pero sí les pagaban.

En aquella fecha, el notario público Roberto Moncada Mendoza fue el fedatario del acto celebrado entre AHMSA y el entonces director corporativo de Recursos Humanos de la acerera y subsidiarias concediéndole facultades para administrar ilimitadamente bienes, negocios y valores de la empresa.

Testigos protegidos de AHMSA y de la Fiscalía General del Estado como María Alejandra Flores de Luna, quien desertó de la red de corrupción de Fernando Monroy, narró ante el Ministerio Público que el entonces director corporativo de Recursos Humanos la citaba en el estacionamiento de comercios y la plazuela de la colonia Tecnológico.

Ahí les reiteraba que una vez que Altos Hornos de México les depositara en sus cuentas bancarias el importe de las facturas por falsos servicios de capacitación al personal, procedieran entonces a retirar el efectivo para que se lo entregaran, mientras que en otros casos les ordenaba que los transfirieran a bancos texanos.

Personal gerencial de diversas áreas de AHMSA confesaron ante el alto mando de la empresa, y el Ministerio Público que ni siquiera conocían físicamente a los supuestos capacitados donde el sueldo por honorarios para los que realmente hacían esas tareas en el pasado era de 19 mil 420 pesos mensuales ejerciendo de tiempo completo.

En cambio, aquellos capacitadores de medio tiempo era de 10 mil 800 pesos, además de estrictos requisitos como experiencia previa en el área técnica de procesos siderúrgicos de AHMSA, dominio de normas de capacitación, egresados del Tecnológico de Monterrey o Universidad Iberoamericana, lo cual los tres imputados Héctor, Ernesto, ni Cristian tienen.

La investigación interna de Altos Hornos de México determinó que los tres imputados en la audiencia inicial reanudada ayer en el Juzgado Penal del Sistema Acusatorio de Juicio Oral, es decir Héctor, Ernesto, y Cristian Emanuel, nunca prestaron servicios, y ni siquiera los conocían.

Del equipo gerencial y subgerencial, Lilia Valenzuela Ruiz dijo ante la empresa y la Fiscalía del Estado que ellos únicamente recibían órdenes de Fernando Monroy de darlos de alta como prestadores de servicios, en tanto, Juanita Álvarez Huerta destacó que ingresaron pese a que por la situación financiera de la siderúrgica no había plazas disponibles.

Durante la reanudación de la audiencia inicial celebrada ayer en el Juzgado Penal, la defensoría de Héctor, Ernesto, y Cristian Emanuel, debatió contra el Ministerio Público, que Fernando Monroy no cometió delito porque él únicamente administraba laboralmente al personal, dirigiendo el departamento de Recursos Humanos, por lo que en consecuencia sus clientes no tienen culpa.

Pero el Ministerio Público, y el abogado

de la siderúrgica Carlos Aaron Valdés Abularach reiteraban que tenía facultades ilimitadas lo cual aprovechó para cometer el delito de administración fraudulenta.

Según la defensa de los imputados, de la investigación de los auditores Juan Carlos Villarreal Barajas y Fernando López Villarreal no se desprende que Monroy haya sido administrador.

Los directivos de mediano nivel que hundieron desde su comparecencia ante AHMSA en la investigación interna y Fiscalía del Estado son Luis Segundo González, Lilia Valenzuela Ruiz, Virginia Lozano, Raúl Flores Zamorano, Ivonne Zertuche, Humberto Rodríguez, y Juanita Álvarez Huerta quienes establecieron que ahí ni conocían a los supuestos prestadores de servicios, nunca los vieron.

En la audiencia celebrada desde las 10:00 horas de ayer y terminada casi a las 14:00 horas, el juez penal Óscar Cadena García determinó la probable conducta criminal de los imputados que la ley establece como delito, además que no desvirtuaron que no hayan recibido dinero por falsos servicios prestados, tampoco que no había simulación de servicios prestados.

Buscará recursos de inconformidad

Después que el juez penal Óscar Cadena vinculó a proceso a los tres probables cómplices de Fernando Monroy en el quebranto contra AHMSA a quienes, además, prorrogó la prisión preventiva, el abogado Santos Vázquez Estrada quien asesora a uno de los imputados, reveló que examina las alternativas de inconformidad legal.

El litigante penalista explicó que las opciones son interponer el recurso de apelación ante el Tercer Tribunal Unitario de Distrito del Poder Judicial del Estado, o el amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, no únicamente contra el auto de vinculación a proceso contra su cliente, sino también contra la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva.

Al término de la audiencia, los tres imputados fueron trasladados otra vez al Centro de Readaptación Social donde continuarán internados hasta que el juzgador de la causa resuelva lo contrario. El penalista indicó que tiene tres días para apelar ante el Tercer Tribunal Unitario, y 15 días para colocar el recurso de amparo en el Juzgado de Distrito.