Ciudad de México.- Un tribunal de enjuiciamiento condenó a 30 años de prisión a Marisol Macías Gutiérrez, por el asesinato de su esposo, el juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, ocurrido el 17 de octubre de 2016 en Metepec, Estado de México.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, en calidad de tribunal de enjuiciamiento sentenció que la Fiscalía General de la República (FGR) demostró la plena responsabilidad de la acusada por el delito de homicidio agravado en grado de parentesco.

De acuerdo con la Fiscalía, la viuda presuntamente planeó el crimen con el objeto de cobrar el seguro de vida del marido, quien era originario de León, Guanajuato.

“En consecuencia, y tras las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Federación, un Juez de Distrito con sede en Almoloya de Juárez, mediante Juicio Oral, dictó sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Marisol “M”, reparación del daño, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles”, informó la FGR.

El 17 de octubre de 2016, Bermúdez Zacarías, juez Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, fue asesinado en el Fraccionamiento Árbol de la Vida, Colonia Llano Grande, en Metepec, cuando hacía ejercicio en la calle.

Macías Gutiérrez fue detenida el 8 de octubre de 2019 en León, Guanajuato, con base en una orden de aprehensión y luego un juez de control le dictó la prisión preventiva de oficio en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Algunas versiones periodísticas refirieron que dos jóvenes identificados como José Antonio y José Alberto Vara Espinosa habrían estado involucrados en el asesinato, ya que el primero de ellos habría sostenido una relación sentimental con Macías.

Los indicios eran, por un lado, que el padre de los dos mencionados estaba preso en el penal del Altiplano, cuando el juez fue asesinado y, por otro, que un taxista declaró haber llevado a los hermanos por el rumbo donde vivía la víctima.

Cuando ocurrió el crimen, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación administrativa sobre la gestión de Jorge Arturo Porras Gutiérrez, antecesor de Bermúdez Zacarías en el juzgado de amparo.

El mismo año el CJF decidió no ratificar en el cargo de magistrado por “engaños” en la revisión de su actuación.

Esa investigación de la Judicatura señalaba que en junio de 2017 Alejandro Coyote Colín, chofer de Porras, ingresó al penal federal del Altiplano para realizar diligencias de notificación en sustitución de dos actuarias adscritas al juzgado.

Si bien en 2017 la Judicatura destituyó e inhabilitó por 20 años al chofer y las dos actuarias, Porras al final fue nombrado Magistrado y libró cualquier posible responsabilidad administrativa. En el presente, ya no aparece en el directorio del CJF.

Como juez, Bermúdez Zacarías resolvió un amparo en el que instruyó reponer una orden de aprehensión contra Javier Torres Félix, “El JT”, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.

También tramitó las demandas de garantías de Mario Cárdenas Guillén y Miguel Ángel Treviño Morales, exlíderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas, contra supuestas órdenes de traslado para cambiarlos de penal.