La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador Zamora, de transferir temporalmente los fideicomisos de CIBanco e Intercam a Nacional Financiera (Nafin) enciende las alarmas en el sistema financiero mexicano.

Aunque la medida se presenta como una solución técnica y temporal, lo cierto es que revela una crisis más profunda: la fragilidad institucional frente a riesgos legales y reputacionales.

La intervención se produce luego de que ambas instituciones fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero.

Ante esta situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actuó para proteger a los clientes y al sistema, y Hacienda optó por escindir el negocio fiduciario y trasladarlo a Nafin, una banca de desarrollo con respaldo estatal.

El impacto para los clientes ha sido inmediato. Empresas como Fibra UNO, Fibra Inn, Terrafina y FibraShop, que manejaban fideicomisos con estas instituciones, comenzaron a desvincularse rápidamente.

La incertidumbre generada ha afectado la confianza en los servicios fiduciarios, y algunas instituciones financieras han empezado a revisar o incluso restringir líneas de crédito a empresas relacionadas con CIBanco e Intercam.

Esto podría tener un efecto dominó en la liquidez del mercado, especialmente en sectores como el inmobiliario y el bursátil, donde los fideicomisos son herramientas clave.

En términos de cifras, aunque no se ha revelado el monto exacto de los activos transferidos, se estima que los fideicomisos involucrados manejaban miles de millones de pesos.

La magnitud del movimiento ha obligado a Nafin a actuar como contraparte para garantizar liquidez, no sólo a CIBanco e Intercam, sino también a Vector, otra institución afectada por la misma red de señalamientos.

Aunque Hacienda ha insistido en que esta medida busca evitar un daño mayor al sistema financiero, lo cierto es que ya ha generado tensiones.

La confianza es el pilar del sistema financiero, y cuando se erosiona, incluso temporalmente, los efectos pueden ser duraderos.

La promesa de transferir los fideicomisos a instituciones privadas en el futuro plantea nuevas interrogantes: ¿qué criterios se usarán para seleccionar a los nuevos fiduciarios?, ¿cómo se garantizará la transparencia?, ¿qué protección tendrán los clientes?

Esta intervención es, sin duda, un intento de contención. Pero también es una llamada de atención.

El sistema financiero mexicano necesita más que medidas reactivas: requiere una supervisión más efectiva, mayor transparencia y, sobre todo, mecanismos sólidos de protección al cliente.

Porque cuando los bancos fallan, no sólo pierden ellos: pierde el país.

Y JUSTO EN este tenor, Fibra Shop, que capitanea Salvador Cayón Ceballos, anunció la sustitución de CIBanco por Banco Actinver como su nuevo fiduciario, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la primera institución por presuntos vínculos con el crimen organizado. La decisión, tomada por unanimidad por el Comité Técnico, busca proteger los intereses del fideicomiso y sus inversionistas. La transición no afectará la operación de los inmuebles ni sus compromisos contractuales, según informó la empresa.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum se reunió con líderes empresariales, entre ellos Carlos Slim y Daniel Servitje, para coordinar acciones frente a la desaceleración económica global, que van de la mano con el Plan México. Según el Consejo Coordinador Empresarial, el objetivo es dinamizar el consumo y las cadenas de suministro, con un enfoque en desarrollo regional y combate a la pobreza.

EL PRESIDENTE Donald Trump promulgó una nueva ley de presupuesto que combina recortes fiscales con un aumento en el gasto militar y de seguridad fronteriza. Rodeado de legisladores republicanos, calificó la medida como el inicio de una “era dorada” para Estados Unidos. Aunque promete crecimiento económico, la Oficina Presupuestaria del Congreso advierte que el déficit aumentará en 3.3 billones de dólares en una década y millones podrían perder su seguro médico.

RAPPI COMENZÓ UN programa piloto para incorporar a sus repartidores al IMSS, en cumplimiento con la reciente reforma laboral. La empresa destacó que México está marcando un precedente global al integrar esquemas de protección social sin perder la flexibilidad del trabajo en plataformas. El piloto, que durará 180 días, busca ajustar la implementación bajo principios de transparencia y colaboración con autoridades.