Ciudad de México.- En el Día Mundial de la Justicia Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y estatales por acciones en contra de jornaleros de San Quintín, Baja California.

La CNDH determinó que el 17 de marzo de 2015, más de 200 jornaleros agrícolas, entre ellos mujeres y menores de edad, fueron retenidos ilegalmente por cerrar la carretera Transpeninsular en demanda de salarios dignos.

“De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos”, señaló la Comisión.

A nivel estatal, la recomendación 2/2017 fue dirigida al gobernador Francisco Arturo Vega y al Presidente Municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna.

En el ámbito federal, a los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, y de Educación, Aurelio Nuño; así como al director del IMSS, Mikel Arriola.

“Acciones, omisiones y la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, estatales y federales, han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras”, destacó la CNDH.

El organismo determinó que se violaron sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a un
nivel de vida adecuado, a la educación, a la legalidad y la seguridad jurídica, así como a la inviolabilidad del domicilio, su integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual.

Para el organismo, la falta de coordinación interinstitucional provocó el incumplimiento del deber.

FALLO

La falta de coordinación interinstitucional provocó el incumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar de manera efectiva los derechos de la población afectada.