Ciudad de México.– En una decisión trascendental para el derecho procesal mexicano, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ejercer su facultad de atracción para resolver de fondo la disputa legal entre las herederas del empresario Roberto Garza Sada y la institución bancaria Santander. El caso, que suma más de 15 años en tribunales, involucra la presunta sustracción ilegal de 36.7 millones de acciones de un fideicomiso de Grupo Alfa.

El origen del conflicto: Un fideicomiso bajo sospecha

El litigio inició tras el fallecimiento del ex presidente de Grupo Alfa en 2010. Sus hijas —María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado— acusan que Banco Santander validó documentos presuntamente falsificados, permitiendo que su hermano, Roberto Garza Sada Jr., retirara el millonario paquete accionario en perjuicio de las herederas.

En mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ya había condenado al banco al pago de daños y perjuicios; no obstante, la institución crediticia recurrió al juicio de amparo, llevando el expediente al ámbito federal.

Criterio jurídico: El “Principio de Mayor Beneficio”

Bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el Pleno aprobó por mayoría de siete votos atraer los amparos directos 303, 538 y 539 de 2023. El objetivo de la SCJN no es solo dirimir la responsabilidad bancaria, sino establecer un precedente sobre el artículo 189 de la Ley de Amparo.

La Corte deberá definir bajo qué supuestos un Tribunal Colegiado puede omitir el “reenvío” de un caso y dictar una sentencia definitiva de fondo para garantizar el mayor beneficio al quejoso, evitando así que los juicios se prolonguen indefinidamente en tecnicismos procesales.

Implicaciones para el sector financiero

La resolución final de la SCJN tendrá un impacto directo en la responsabilidad civil de las instituciones fiduciarias en México. El fallo determinará el grado de diligencia que los bancos deben aplicar al validar instrucciones en fideicomisos de alto perfil y las consecuencias legales de omitir protocolos de seguridad ante posibles falsificaciones.