Saltillo, Coah.- De las 108 irregularidades administrativas, técnicas, financieras y fiscales detectadas en el Simas-Torreón, en el periodo 2004-2005, sólo 40 fueron solventadas y aclaradas, y sobre el resto se fincarían sanciones administrativas, resarcitorias o penales, de encontrarse elementos que sustenten delitos en el manejo de recursos.

Las cuentas públicas siguen sin dictaminarse y corresponderá a la próxima legislatura emitir una resolución final y fincar las responsabilidades y sanciones que resulten.

Horacio del Bosque aclaró que de los asuntos sin resolver, el 80 por ciento son de carácter administrativo y el 20 por ciento tiene carácter técnico, financiero y fiscal.

Antes del 20 de diciembre se realizó la última reunión entre el Despacho González de Aragón y Asociados, diputados locales y representantes del Simas-Torreón, para “confrontar” argumentos.

Finalmente, el auditor externo presentó el resultado a la actual Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, que por falta de tiempo no logró dictaminar el expediente y lo turnará a la próxima legislatura que inicia funciones mañana jueves.

Del Bosque se reunió en privado con la actual Comisión para presentarles el resultado, sin embargo, argumentó que no pueden aportar detalles de irregularidades y montos involucrados, porque falta dictaminarla y presentarla al pleno.

“Lo que resta en el dictamen es decir si hay o no responsabilidades, pero eso no va a ser competencia nuestra, nosotros dejamos el diagnóstico terminado para que la próxima legislatura haga el dictamen.

“Ya no hay plazos para solventar, lo que tenía que solventarse se solventó, lo que se tenía que confrontar se confrontó y lo que se tenía que aclarar ya se hizo”, refirió.

De esta manera, los próximos integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública elaborarán el dictamen, lo someterán al pleno, y si hubiese lugar a una acción de orden administrativa o penal, se determinará en su momento y también se precisaría el nivel de responsabilidades.

Agregó que como los hechos ocurrieron en el 2004 y 2005, no hay un plazo perentorio para fincar responsabilidades al estar sujetos a la ley de la entonces Contaduría Mayor.

Del Bosque evitó proporcionar mayor información con el argumento de que la cuenta pública no está dictaminada, lo que le da el carácter de reservado.