Saltillo, Coah.- El productor musical mexicano Ángel del Villar, fundador y director ejecutivo de la disquera DEL Records, fue declarado culpable por una corte federal de Los Ángeles (EU), por violar la Ley Kingpin, que prohíbe a las personas y empresas estadunidenses hacer negocios con narcotraficantes y sus asociados. El juicio, que ha dejado al descubierto las relaciones entre la música mexicana y el crimen organizado, coloca a del Villar en una posición comprometida que podría marcar el fin de su carrera.

Del Villar fue detenido en junio de 2022 y acusado de realizar negocios con Jesús “Chucho” Pérez Alvear, promotor musical vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El caso se centró en la organización de conciertos para artistas representados por DEL Records, en particular para el cantante Gerardo Ortiz, quien también ha sido protagonista de esta historia.

En el juicio, se presentó evidencia de que, entre 2018 y 2019, del Villar organizó conciertos en México para Pérez Alvear, a pesar de que este último había sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos debido a sus conexiones con el narcotráfico. Entre los artistas que participaron en estos eventos estuvo Gerardo Ortiz, quien testificó que del Villar lo convenció de participar en al menos 19 conciertos organizados por Pérez, a pesar de las advertencias del FBI sobre las sanciones a este promotor.

Ortiz, quien también se declaró culpable de conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante designado, relató que no tenía conocimiento de los vínculos de Pérez con el CJNG cuando aceptó participar en los conciertos. “Gracias a los fans por preocuparse y a todos ustedes por estar acá, muchas gracias”, expresó Ortiz al salir del tribunal. Ante la pregunta sobre si le preocupaba la situación, comentó: “No, estoy muy bien gracias, gracias a mis fans”.

La acusación también subrayó que Del Villar utilizó recursos financieros de su disquera para facilitar los conciertos, que en varias ocasiones incluyeron gastos como aviones privados. En abril de 2018, por ejemplo, la tarjeta de crédito de Del Villar se usó para pagar el vuelo de Ortiz desde Van Nuys, California, a Aguascalientes, México. Este tipo de transacciones formó parte del esquema que involucró a varios artistas de Del Records en conciertos promovidos por Pérez.

Además de las pruebas documentales y testimoniales, el fiscal federal Alexander Schwab destacó que Del Villar no solo organizó estos conciertos, sino que también ayudó a promover la imagen de Pérez, favoreciendo indirectamente al CJNG. En su declaración, Ortiz recordó cómo del Villar insistió en que participara en los conciertos, a pesar de los riesgos legales que esto representaba. 

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A mí me convencieron para actuar, y aunque al principio no entendía bien la situación, ahora me doy cuenta de lo que estaba pasando”, añadió Ortiz durante el juicio.

La noticia de la declaración de culpabilidad de Del Villar ha sacudido tanto a la industria de la música mexicana como a la opinión pública. Su disquera, considerada una de las más influyentes en el ámbito de los corridos y otros géneros de música regional mexicana, se ha visto envuelta en una controversia que resalta las conexiones entre la cultura musical y las redes criminales en México. Aunque algunos defensores de los artistas argumentan que muchos desconocen los vínculos de los promotores, el juicio pone de relieve la importancia de la responsabilidad de las figuras públicas ante el poder que tienen en la influencia social.

El productor musical enfrentará su sentencia el próximo 15 de agosto, con una pena máxima de 30 años de prisión. Este caso no sólo impacta a los involucrados directamente, sino que también pone en la mira las relaciones entre la música y el crimen organizado, una situación que afecta a muchos artistas que, aunque a menudo no se ven implicados directamente en actividades ilegales, pueden ser arrastrados por las circunstancias o la influencia de los entornos en los que se mueven.

Mientras tanto, el juicio también reveló el asesinato de Jesús Pérez Alvear a finales de 2024 en Polanco, CDMX, lo que añade un capítulo oscuro a la historia de este caso.