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Conflicto legal sin resolver genera pérdida mensual de 10 mdp a Ramos Arizpe

  Por Armando Montalvo

Publicado el martes, 27 de enero del 2026 a las 19:50


De acuerdo con el Ayuntamiento, pese a que ya se presentaron señalamientos formales y se ha notificado que los recursos no están siendo aplicados

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un proceso judicial enmarañado y sin resolución mantiene retenidos desde julio de 2025 recursos públicos por 10 millones de pesos mensuales, afectando de manera directa las finanzas del Gobierno de Ramos Arizpe, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento del Juzgado Segundo de Distrito, a cargo del juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela.

De acuerdo con el Ayuntamiento, pese a que ya se presentaron señalamientos formales y se ha notificado que los recursos no están siendo aplicados para el fin ordenado judicialmente, el conflicto permanece sin respuesta, aun cuando el propio juzgador estableció un destino específico para dichos fondos.

El origen del problema se remonta a septiembre de 2021, cuando el Ayuntamiento rescindió el contrato con la empresa NL Tecnologies, tras acreditar incumplimientos en un proyecto de alumbrado público firmado en 2016, durante la administración del exalcalde Ricardo Aguirre, con un monto inicial de mil 100 millones de pesos y posibilidad de ampliación.

El contrato contemplaba la sustitución de 10 mil luminarias, el pago del consumo de energía eléctrica ante la CFE y el mantenimiento del sistema de alumbrado público por un periodo de 20 años. Sin embargo, a inicios de 2021, la empresa dejó de cubrir el pago de la energía eléctrica, incumpliendo una de las obligaciones centrales del acuerdo.

Ante este escenario, el exalcalde Chema Morales Padilla inició el procedimiento legal correspondiente, asumió de manera emergente el pago de la luz y el mantenimiento del alumbrado, y solicitó a Banco Afirme y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila suspender el envío de recursos al fideicomiso que financiaba el servicio.

La demanda administrativa promovida por el Ayuntamiento concluyó en 2023 con una resolución favorable al municipio, que confirmó la legalidad de la rescisión del contrato. No obstante, de forma paralela, NL Technologies y Banco Afirme interpusieron desde 2021 diversas demandas administrativas, mercantiles, penales y juicios de amparo contra el municipio, los cuales siguen vigentes.

La demanda administrativa promovida por el Ayuntamiento concluyó en 2023 con una resolución favorable al municipio, que confirmó la legalidad de la rescisión del contrato. No obstante, de forma paralela, NL Tecnologies y Banco Afirme interpusieron desde 2021 diversas demandas administrativas, mercantiles, penales y juicios de amparo contra el municipio, los cuales siguen vigentes.

En ese mismo año, el Ayuntamiento obtuvo un amparo provisional que ordenó que el 44 por ciento de las participaciones federales, equivalentes a 10 millones de pesos mensuales, se entregaran directamente al municipio y dejaran de enviarse al banco. La medida estuvo vigente de octubre de 2021 a marzo de 2025.

El amparo fue posteriormente negado, luego de que en 2022 Banco Afirme presentara documentos con firmas presuntamente falsas de funcionarios municipales, lo que derivó en una denuncia penal por fraude procesal presentada por el Gobierno Municipal.

Aunque los recursos continuaron entregándose al Ayuntamiento, el banco promovió dos nuevos amparos y obtuvo una suspensión que ordenó que, a partir de mayo de 2025, el 44 por ciento de las participaciones federales volviera a enviarse al banco, bajo el argumento de garantizar el servicio de alumbrado público.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que el Ayuntamiento ya documentó que dichos recursos no son utilizados para el servicio ordenado, porque el banco retiene el dinero sin transparentar su destino ni acreditar la prestación del servicio. Esta situación se notificó al juez segundo de distrito, sin que exista hasta ahora una resolución judicial.

El jefe la común señaló que el municipio continuará exigiendo que los recursos públicos se apliquen conforme a la ley y que el Poder Judicial actúe ante un conflicto que sigue generando afectaciones financieras y operativas al gobierno municipal.

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