Piedras Negras, Coah.- El operativo realizado durante la madrugada del lunes en el Centro de alto Rendimiento de la Unidad Deportiva, generó tensión entre autoridades municipales y estatales, luego de que la asesora jurídica del Ayuntamiento, Ariana García, señalara una serie de irregularidades en torno al desalojo del inmueble.

De acuerdo con la funcionaria, este fin de semana llegaron al evento a más de 450 personas entre atletas, entrenadores, jueces de carácter internacional y familiares de al menos 18 estados del país, quienes participaban en un evento deportivo nacional.

García explicó que desde la planeación del encuentro comenzaron a registrarse incidentes, al incluir intentos de ingreso por parte de personal del DIF estatal al inmueble, el cual se encuentra en posesión del municipio desde 2024, cuando fue destinado a un centro recreativo para adultos mayores durante la administración encabezada por la entonces alcaldesa Norma Treviño, con respaldo del Gobierno del Estado.

“ Hicieron público el hecho de que por la gestión realizada por el gobernador, les fue otorgado el edificio para crear este centro, desde esta fecha el municipio cuenta con la posesión otorgada por el estado al DIF Municipal, no obstante que la totalidad de este predio que se conoce como la Unidad Deportiva es prioridad del municipio”, dijo.

La asesora jurídica subrayó que la situación del predio forma parte de una disputa legal derivada de una escritura pública desde 2019 luego de que el documento no cuente con la firma titular de derecho para otorgar la propiedad de dicho inmueble.

Agregó que un notario de esta localidad emitíos la escritura publica que fue utilizada de manera ilegal y fraudulenta para obtener 120 mdp para la construcción del Centro Acuático que ha estado bajo la admisntiracion del municipio.

Asimismo, añadió que existen observaciones de la Auditoría Superior correspondientes a 2024 por más de 41 mdp, relacionadas en parte con la rehabilitación del centro recreativo, sin que se haya solventado la información requerida.

García aclaró que previo al evento sostuvo comunicación con diversas autoridades estatales, incluyendo mandos de seguridad y el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, quien habría garantizado que no se generaría ningún incidente durante el desarrollo del evento, pero días posteriores se registraron actos que calificó como allanamiento, al detectarse que se quitaron candados y puertas del edificio por personas que actuaban bajo instrucciones del DIF estatal.

La situación se agravó tras la clausura del evento, cuando cerca de la medianoche, se reportó el desalojo de las personas que aún permanecían en el lugar y denunció que el acceso a la unidad deportiva fue restringido, que incluso se impidió la entrada del alcalde, además de señalar la presunta retención de un guardia de seguridad.

“ Hay un sello de la orden de cateo, la fecha es del 21 de marzo de 2026 , desde un día antes sabían la intención que tenían de catear ese edifico a sabiendas de violentar un interés publico, a sabiendas de ello por la llamada con el secretario quiero entender que se detuvieron pero sin importarles a media noche al día siguiente de forma clandestina deciden entrar al edificio”, finalizó.