Los consejeros de participación ciudadana de los sistemas nacional y local anticorrupción no tienen función de policías. La preocupación principal de un colegiado en esta materia no debería estar sobre la carrera de ir por el reo de turno ni los escándalos mediáticos, sino en hacer prioritario el incidir en políticas públicas, impulsar acciones que en el sector público y el privado propicien incentivos para revertir las malas prácticas, incluso encaminados hacia la construcción de una narrativa de la eficacia que busca el conjunto de instituciones que son parte del comité coordinador.

Para el doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador general de la Comunidad PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas, el sistema nacional y los sistemas estatales no acaban de funcionar porque, contra toda lógica, no terminan de entender que su función no es de policías porque son instituciones que son parte de los sistemas y que poseen piezas clave de información respecto de la manera en que opera el conjunto del sistema de gestión pública.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho miles de recomendaciones concretamente sustentadas en los resultados de los procesos de fiscalización, en las que ha detectado oportunidades de desvío o para que las faltas se cometan, pero las tiene la ASF.

Es importante disponer de mapas de riesgo y de información que se pueda compartir u obtener a partir de los resultados del trabajo de órganos internos de control y de las resoluciones de juicios administrativos, de nulidad administrativa, que se llevan a cabo desde los tribunales de justicia administrativa, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Guardería ABC, cuando el entonces ministro Arturo Saldívar (antes de ser presidente de la SCJN) realizó una “radiografía” de cada una las fallas que habían recorrido desde la concepción misma de las guarderías, los permisos, las revisiones, la instalación, etcétera, en una obra maestra de la descripción de las condiciones en las que se van fraguando hechos de corrupción y que pueden llegar, incluso, a la pérdida de vidas, como pasó el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

Igual ocurre con las fiscalías especializadas y los órganos garantes de información que, con los datos que tienen, se puede organizar el material de análisis de riesgo para tener un mapeo y detectar los puntos de mejora y corrección en las áreas de Gobierno.

Merino fue enfático en su aporte durante el Octavo Seminario Democracias Capturadas, Desafíos para América Latina, que hace unos días se llevó a cabo en las instalaciones del CIDE, en la Ciudad de México. “Estos hechos, la obsesión por perseguir al corrupto de la semana, ha permitido que nos concentremos en casos específicos. Veamos a países en Latinoamérica cómo han caído jefes de Estado, estos países no están mejor que antes porque el castigo al corrupto no erradica el problema de corrupción que existe”. De ahí la importancia de saber qué es y qué alcance tienen los integrantes de la parte ciudadana de los sistemas locales anticorrupción. Están definidas en la Ley y tienen una función establecida para conservar su independencia y autonomía en la toma de decisiones. No es la de ser policías, la atribución de un CPC.