La consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, que busca que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo para que se juzguen las decisiones tomadas por los expresidentes de México, es un ejercicio inédito de participación ciudadana establecido en la Ley Federal de Consulta Popular promulgada en 2014, que consiste en que la ciudadanía a través de su voto apruebe o rechace propuestas sobre temas de interés público.

Por tal motivo, la pregunta que se le hará a la ciudadanía será la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pregunta que podrá contestarse con solo con un sí o no, por el ciudadano participante.

Esta consulta popular 2021 fue solicitada por el Presidente de la República; y la SCJN revisó su constitucionalidad y hasta reformuló la pregunta, entonces será al INE a quien le corresponda llevarla a cabo; quizá por lo anterior, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en días pasados consideró que esta consulta además de ser inútil respecto a su eficacia, representa un gasto excesivo y un procedimiento innecesario.

Quizá la anterior aseveración hecha por el Gobernador de Coahuila se funde en el hecho de que la instalación y operación de las 91 mil mesas de votación traerá al erario un costo de por lo menos 890 millones de pesos; además que, para que los resultados de la consulta sean obligatorios o vinculantes, deberá participar el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, y que a pesar de que se obtuviera un resultado positivo, esto no significa que los expresidentes pisen la cárcel, ya que debe presentarse primero una denuncia formal y realizar las investigaciones necesarias, que sean suficientes para su vinculación y condena.

Todos los anteriores aspectos nos hacen pensar que la dichosa consulta marcha muy cuesta arriba, y que ni caso tiene realizarla.

Sin embargo, no todo es adverso, ya que la referida encuesta traerá como principal beneficio, por fin, la materialización del derecho constitucional que tenemos los mexicanos para votar en torno a temas de trascendencia nacional, lo que en anteriores periodos gubernamentales ni en sueños habríamos imaginado.

Es decir, que el próximo domingo 1 de agosto los ciudadanos realmente podremos incidir directamente en las decisiones de Estado, al punto de hacer sentir al gobernante incluso si deseamos que no se enjuicie a nadie y que no se vuelva a tocar el tema.

Además de tomarla con seriedad, estaremos sin duda conquistando un nuevo periodo de democracia, dejando atrás las imposiciones insensibles de quienes detentaban el poder de manera arbitraria, y con la finalidad de beneficiar a algunos cuantos.

La consulta popular es un derecho fundamental de celebración obligatoria, que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada país, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten a todos sus integrantes y que no considerarla en un sistema que se dice democrático, es tanto como querer gobernar, sin tener gobernados.