Saltillo, Coah.- Maestros jubilados de la Sección 38 del Magisterio volvieron a manifestarse para exigir soluciones inmediatas a la crisis en el servicio médico que enfrentan desde hace más de una década. En entrevista, Francisco Alfonso Gaitán Rodríguez, representante de los grupos de jubilados, denunció que a pesar de múltiples reuniones y compromisos asumidos por las autoridades, no se ha cumplido ninguno de los acuerdos, en particular el más urgente: el abastecimiento de medicamentos para padecimientos crónico-degenerativos.

“ Estamos hablando de tratamientos que no pueden fallar, que se entregan cada mes. Si te saltas una dosis, afectas la salud del paciente de manera irreversible”, señaló Gaitán Rodríguez.

De acuerdo con los datos del grupo de jubilados, alrededor de 500 profesores, en su mayoría retirados, están actualmente sin acceso garantizado a sus tratamientos médicos. El 70 por ciento padece enfermedades derivadas de la diabetes, situación común en un gremio que enfrenta estrés laboral, condiciones adversas en el aula y largas jornadas.

Algunos docentes han tenido que ir hasta tres veces a la clínica para recibir la misma respuesta: “no hay medicamento”, lo que implica un gasto de hasta 400 pesos por visita, solo en transporte.

El grupo también denunció que desde la última reunión, agendada originalmente para el 8 de junio y postergada al 18, han pasado más de 40 días sin respuesta oficial.

“ Sabemos que hay temas de corto, mediano y largo plazo. Pero el medicamento es urgente, y la salud no puede esperar”, reiteró el vocero.

Por este motivo, al exterior de las oficinas centrales del servicio medico de la Secc, 38 los manifestantes hicieron un llamado al doctor Jorge Bill Soto Almaguer, director general del Servicio Médico, para que actúen con seriedad ante la crisis. “No se trata de política, se trata de vida. El trabajador aportó durante años y hoy merece respeto”, concluyó el profesor Gaitán.

A la problemática se suma la falta de representación sindical efectiva, pues acusan que la secretaria general de la sección, la profesora Isela Licerio Luevano, ha optado por deslindarse, argumentando que la responsabilidad del servicio médico ahora recae únicamente en el gobierno estatal.

“ La sección se lava las manos. Pero aunque el servicio haya pasado al gobierno, sindicato y autoridades deben trabajar de manera conjunta. ¿Quién nos defiende ahora?”, cuestionó el representante.

Amparados… pero sin solución

Además, se informó que al menos 15 jubilados sindicalizados están actualmente amparados legalmente en busca de garantizar el suministro de sus tratamientos. Sin embargo, ni siquiera estos casos han recibido atención oportuna.

“ Aun con el amparo en mano, tampoco reciben el tratamiento completo. Es una burla y una falta de respeto a quienes entregamos décadas de servicio”, afirmaron.