Entre los gobernadores a quienes la “excesiva concentración de poder” les permitió tomar “decisiones arbitrarias, e incluso que (…) muchos actos ilegales quedaran impunes”, aparece Humberto Moreira Valdés, de Coahuila. El estudio Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales… (SciELO, 2016) cita, entre los mayores escándalos de la primera década del siglo: “1) las excesivas deudas que contrajeron estados y municipios; 2) las flagrantes violaciones a los derechos humanos; y 3) los casos de enriquecimiento inexplicable y actos de corrupción de gobernadores, así como de su Gabinete o de su familia”.

La Revista Científica Electrónica en Línea, en cuya red participan 12 países, entre ellos Brasil, Chile, España, Sudáfrica y México, pone de relieve los casos de Humberto Moreira (Coahuila), Andrés Granier (Tabasco), Mario Marín (Puebla), Fausto Vallejo (Michoacán), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y Luis Armando Reynoso (Aguascalientes). Los cinco primeros militaban en el PRI y el último en el PAN. La revista Forbes alistó a Granier y Moreira en los lugares cinco y siete de “Los 10 mexicanos más corruptos de 2013”.

Coahuila encabeza el bloque de 14 estados con mayor deuda adquirida en el periodo 2008-2012 (cuatro correspondientes al Gobierno de Humberto Moreira y uno al de su hermano Rubén), por encima de Veracruz, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, ninguno de los tres últimos contrató créditos con documentos y decretos falsos y sin la autorización del Congreso como lo hizo Coahuila. Hasta la fecha se ignora el destino de 18 mil millones de pesos, equivalente a la mitad del pasivo registrado en 2011. Las demandas para investigar el “moreirazo” han sido sistemáticamente bloqueadas por los diputados del PRI, entre ellos Álvaro Moreira, integrante de la actual Legislatura.

En el tema de derechos humanos, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y otros abusos denunciados en el docenio de Humberto y Rubén Moreira, tampoco ha habido justicia. La Corte Penal Internacional tiene dos denuncias al respecto. La primera la presentó el empresario Armando Guadiana (senador con licencia y candidato de Morena a la Alcaldía de Saltillo), el 13 de julio de 2016; y la segunda, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en la comunicación “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, el 6 de julio de 2017.

Sobre los desafueros y la corrupción impunes en estados como Coahuila, el estudio de Germán Espino Sánchez señala: “Desde el sexenio del presidente Zedillo hasta el de Felipe Calderón, ni los presidentes ni la Legislatura federal, ni siquiera la Suprema Corte, han podido destituir a un gobernador que incurra en flagrantes actos de corrupción, ni siquiera en los casos más sórdidos…”. Lo anterior lo explican varios factores: a) la fuerza que los gobernadores tuvieron hasta la Presidencia de Peña Nieto en las cámaras de Diputados y de Senadores; b) la debilidad de los presidentes en la etapa comprendida entre Zedillo y Peña Nieto; y c) el control férreo de los ejecutivos locales sobre los congresos y tribunales de justicia. Pero el más determinante es la prensa.

Mientras los estados registran una “regresión autoritaria”, a escala federal “se estableció una democracia más o menos funcional”. Espino describe “cómo en el nivel nacional se ha desarrollado un sistema plural de medios, mientras que en el nivel subnacional (estados) sobrevive un sistema de medios sometidos al gobernador”. El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro muestra —con base en estudios de análisis, contenido y entrevistas— “cómo los gobernadores controlan los medios regionales, tal como se hacía en tiempos del autoritarismo priista”.
El poder de los ejecutivos locales se exacerbó en el sexenio de Peña Nieto. La lucha del presidente López Obrador para acotarlos apenas empieza. El primer paso lo dio con la cancelación de fondos federales a los estados, los cuales eran manejados discrecionalmente. Regresar al Congreso la facultad para desaforar a gobernadores acusados de corrupción y otros delitos (caso Francisco Javier Cabeza de Vaca, Tamaulipas) apunta en la misma dirección.