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Corrupción ‘gobierna’ en penales de Chihuahua

  Por Agencias

Publicado el miércoles, 18 de mayo del 2016 a las 14:00


Tras el traslado del capo al Cefereso 9, las advertencias de opacidad al interior de las prisiones vuelven a plantearse

Saltillo, Coahuila.- El penal federal de Ciudad Juárez es un reflejo fiel de la situación que impera en todas las cárceles del país: medidas de seguridad inadecuadas, corrupción generalizada, opacidad e incluso prostitución alentada desde la Dirección penitenciaria, de acuerdo con las denuncias que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones civiles.

Por eso es que resulta inexplicable que el Gobierno de Enrique Peña Nieto haya decidido enviar a Joaquín “El Chapo” Guzmán a esa prisión hace 10 días.

La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señaló que el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, fue utilizado para prostituir mujeres y que las acusaciones se demostraron el año pasado durante un juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013.

La activista explicó que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de Gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al Penal con fines de prostitución.

Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el Penal estatal, pese a que el Gobierno federal señaló que esta es una de las instalaciones con mejor seguridad y respeto a los derechos humanos de los internos en el país cuando anunció el traslado del líder del cártel de Sinoaloa.

Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social.

Incluso a cuatro días de la llegada de Guzmán Loera a la prisión fronteriza, los trabajadores señalaron que estaban siendo sometidos a jornadas con varias horas extra y un intenso seguimiento a todos los internos que fueran presentados a los juzgados o que estuvieran en la lista de traslados para descartar cualquier intento de fuga del capo.

‘VIVIR ADENTRO CUESTA MUCHO’

Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones.

El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias.

Para la Comisión, este tipo de concesiones se reflejan para todo tipo de comodidades al interior de la prisión, por lo que sin importar la aplicación de un nuevo modelo penitenciario planteado por la Fiscalía General del Estado desde 2014, el cobro de los guardias para mantener privilegios al parecer refleja que la verdadera gobernabilidad de las prisiones es la corrupción.

PREVÉ ESTADÍA CORTA DEL CAPO

Por otro lado, la tensión por albergar a Guzmán Loera durante 10 días parece no afectar a Javier González Mocken, Presidente Municipal de Ciudad Juárez, quien ayer señaló que el narcotraficante permanecerá poco tiempo en el Cefereso 9.

Pese a que el líder del cártel de Sinaloa inició su segunda semana en el área de máxima seguridad con una vigilancia permanente en el exterior del reclusorio, el Edil reiteró que no hay motivos para preocuparse ante los operativos estatales y federales que aseguran que el capo no tendrá oportunidad de escape, ya que pronto será extraditado a Estados Unidos.

“Están en espera de una extradición hacia los Estados Unidos. Se dice que va a ser en poco tiempo, entonces la permanencia, creemos que va a ser de poco tiempo. La consideramos una permanencia temporal en esta ciudad”, aseguró el Alcalde en una entrevista ayer.

González Mocken reiteró que la presencia de “El Chapo” Guzmán en el Cefereso 9 no afecta en las actividades cotidianas de la ciudad, sin importar que la Policía Federal mantiene un punto de revisión carretero muy cerca de la entrada del Cefereso 9 y realiza patrullajes aéreos y terrestres en medio del desierto de Samalayuca.

“‘El Chapo’ es un delincuente, que ha sido debidamente sentenciado y procesado, no ha tenido mayor relevancia en la vida normal de nuestra ciudad”, aseguró.

Sin emabrgo, las declaraciones del Edil se contraponen al hecho de que el Ejército Mexicano mantendrá por tiempo indefinido los vehículos blindados y soldados fuertemente armados en la entrada del Penal federal.

DOMINA LA INCERTIDUMBRE

Andrés Granados Flores, quien forma parte de la defensa del capo, admitió que la incertidumbre y el desconcierto continúan en familiares, abogados y el mismo recluso, sin saber a ciencia cierta si será extraditado o trasladado de nuevo al penal del Altiplano.

De acuerdo con el abogado, la tensión que viven los allegados al líder del grupo ha sido constante, sus abogados refieren no tener la certeza de que se le traslade al sur del país, donde había sido recluido, ya que se debe respetar el mandato del juez Tercero de Distrito para que se le traslade de nuevo al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Granados aseguró que pese a que hay muchas voces advirtiendo una inminente extradición a EU, no han recibido alguna actualización que deponga los amparos que Guzmán Loera ya obtuvo para detener el proceso, así como tampoco se ha planteado “una maniobra legaloide de las autoridades que lo pueda llevar al país vecino”.

“Es cuestión de que la Cancillería determine y dé la orden de que se lleve a cabo la extradición, aunque hasta el momento no se ha otorgado la autorización, por lo que la lógica nos dice que deberá ser regresado al Altiplano”, comentó.

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