Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los tribunales federales del país congelar la resolución de los amparos y contradicciones de criterios, en los que se impugna la implementación y obligatoriedad de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.

Lo anterior, para que el máximo tribunal del país pueda estudiar el asunto y emitir el criterio correspondiente sobre las disposiciones que regulan esta medida de identificación.

¿Qué implica la medida? 

A través de un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Corte señaló que, durante la sesión privada realizada el 14 de octubre, el pleno determinó que los Tribunales Colegiados de Circuito y los plenos Regionales deberán continuar la tramitación de los asuntos hasta dejarlos en estado de resolución, pero sin dictar sentencia hasta que la Corte emita criterio.

La medida comprende los amparos directos, en revisión competencia de los Tribunales Colegiados y las contradicciones de criterios que se encuentran en los plenos Regionales, siempre y cuando en ellos subsista el análisis de constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con la CURP biométrica y su sistema normativo.

La Corte indicó que hasta el 30 de septiembre del presente año se tenía registro de 138 amparos en revisión pendientes de resolución en los que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Población relacionadas con este mecanismo de identificación.

Además, señaló, tiene radicados siete amparos en revisión sobre esta materia, identificados con los números 297/2026, 347/2026, 366/2026, 382/2026, 385/2026, 402/2026 y 409/2026.

¿Qué es la CURP Biométrica?

“La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población en México que conserva los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero añade elementos de identidad física únicos para reforzar la seguridad y evitar la suplantación de identidad”, explica la UEM.El documento de la CURP Biométrica es una herramienta de justicia social, con la cual el Gobierno de México garantiza que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Buscan facilitar acceso a la justicia

Las disposiciones impugnadas forman parte de las reformas a la Ley General de Población publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, como parte de un decreto que también modificó diversos ordenamientos en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

El Alto Tribunal mencionó que el aplazamiento busca preservar la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia, además de evitar que distintos órganos jurisdiccionales emitan sentencias contradictorias sobre un mismo problema.