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Publicado el sábado, 31 de octubre del 2026 a las 04:15
Saltillo, Coah.- La aplicación de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita representará mayores costos administrativos y operativos para las empresas, debido a que deberán fortalecer sus mecanismos de vigilancia, documentación y control interno para cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa.
“
Si nos metemos en cosas técnicas, realmente sí lleva un trabajo muy importante el poder reportar estas actividades vulnerables en las fechas que corresponden, si no, lleva a castigos que pegan en el bolsillo”, dijo Leydy Verónica Antonio Hernández, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo.
La implementación de estas medidas tendrá un impacto económico directo en los sujetos obligados, principalmente por la necesidad de destinar mayores recursos humanos, tecnológicos y financieros a las tareas de cumplimiento.
El control interno se convierte en una herramienta fundamental para las organizaciones, ya que permitirá tener mayor vigilancia sobre sus operaciones, mantener en orden la información y contar con documentación que respalde el cumplimiento de las disposiciones legales.
Entre los sujetos obligados en esta etapa, se encuentran empresas dedicadas a juegos con apuestas, desarrolladoras inmobiliarias, joyerías, agencias de vehículos, blindaje, notarios, arrendamiento de bienes inmuebles y activos virtuales, entre otros.
Aunque cada empresa es un caso específico, entre las multas más económicas, como por no presentar algún aviso, van desde los 70 mil, hasta los 300 mil pesos, aproximadamente.
Con las últimas disposiciones al respecto, México busca cumplir con regulaciones internacionales, pero también contribuir en una mayor fiscalización, así como incidir contra la informalidad.
Sin embargo, aunque existe la obligación, todavía no existe el cómo, es decir, aún están pendientes de publicar las reglas, pero para algunos de los sujetos obligados, para 2027 que se audita en 2028, tendrán que estar dictaminados y auditados por despachos externos.
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