México, DF.- Un juez federal concedió el arraigo por 40 días de 30 servidores públicos de Michoacán por presuntos nexos con la organización delictiva “La Familia”, entre quienes se encuentran 10 alcaldes y el ex subprocurador regional de Justicia en Morelia Ignacio Mendoza.

El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, sostuvo ayer que existen suficientes evidencias documentales, testimoniales y de otra índole (grabaciones) que demuestran, incluso, la relación de los arraigados no sólo con “La Familia”, como se había anunciado el pasado martes, sino también con el cártel de Los Valencia y otra poderosa organización criminal.

El funcionario detalló que desde hace seis meses se tuvo indicios de que servidores públicos, aprovechando su cargo favorecieron las actividades de “La Familia”.

Por ello, dijo, se giraron las órdenes de localización y presentación correspondientes que, al cumplimentarse, llevaron a la detención y el arraigo de los involucrados.

SIN FRENO AMENAZAS CONTRA PODER POLÍTICO
Casi a diario llegan mensajes intimidatorios a oficinas de gobierno, como en Michoacán

Aquí, nada ni nadie puede frenar las amenazas, la intimidación y el chantaje del crimen organizado al poder político. En medio de la lucha entre cárteles del narcotráfico por el control del mercado de las drogas y los delitos asociados a estas actividades en Michoacán, informes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan el clima de hostigamiento desatado por la delincuencia organizada y cómo funcionarios y políticos en esta entidad han pactado presuntamente con grupos criminales.

Casi a diario, mensajes intimidatorios llegan a escritorios de las oficinas de Gobierno. Desde el despacho del gobernador Leonel Godoy hasta las distintas secretarías y dependencias gubernamentales y locales, de acuerdo con documentos oficiales en poder de “El Universal”.

Las cartas con amenazas ponen en evidencia la lucha entre los diferentes cárteles en territorio michoacano y denuncian los nexos de funcionarios con grupo delictivos de “La Familia Michoacana”, Los Valencia y otros más.

AMENAZAS
Los mensajes intimidatorios también son contra los partidos políticos.

“A los del PRI, PAN y PRD les advertimos que de seguir extorsionando a los que trabajan en tianguis serán severamente castigados”, mencionaba el texto. Y más adelante también indicaba que “Los del PT y PVEM deben deslindarse de “La Familia Michoacana”, igual que funcionarios municipales que trabajan con Fausto Vallejo o serán castigados muy severamente”.

Uno de los blancos de los mensajes es el propio gobernador Leonel Godoy.
Uno de los cientos de mensajes recibidos en su oficina durante este año le advertía: “Vamos por Godoy, su narco-gabinete y sus periodistas. El secretario de Gobierno debe renunciar y los antorchos que ocupan plazas públicas ya deben esperar castigo, su plazo terminó. Los medios de comunicación deben estar atentos. No estamos jugando”.

Autoridades federales y militares advierten que desde los acontecimientos del 15 de septiembre pasado, cuando fueron lanzadas granadas durante los festejos de la Independencia, causando al menos ocho muertos y decenas de heridos, las pugnas entre los diferentes cárteles del narcotráfico se agudizaron, tanto en el ámbito armado como a través de acciones de contrainteligencia, como el hostigamiento de autoridades presuntamente afines a cada grupo, denunciarse o acusarse mutuamente ante la policía o encargados de las investigaciones del crimen organizado.

“La Familia”, el cártel más peligroso: PGR
Para la Procuraduría General de la República, la organización delictiva La Familia es ya la más peligrosa del país, tanto por su poder de fuego e intimidación, como por su manejo de la violencia y capacidad de corrupción a autoridades locales y federales.

El procurador Eduardo Medina Mora precisó que el cártel michoacano encabeza la producción y distribución de drogas sintéticas —metanfetaminas— en el país, como lo evidencia el desmantelamiento de 39 laboratorios de producción de este tipo de sustancias, 19 de ellos, en el municipio de Apatzingán.

Aunque en otras entidades donde predominan grupos delictivos distintos, se registra un mayor número de ejecuciones, el manejo de la violencia de La Familia contra autoridades de todos los niveles y la población en general es “sorda y soterrada” en términos de extorsiones, secuestros, privación ilegal de la libertad y robo.

Eduardo Medina Mora señaló que para dimensionar el significado de la presencia de La Familia y su pugna con organizaciones rivales como la del Golfo-Los Zetas y el cártel de los Valencia, basta recordar que en Michoacán se han asegurado 10 mi 311 armas, 6 mil 53 de ellas largas, lo que coloca a la entidad en el primer lugar en el país en este rubro, seguida de Tamaulipas y Sinaloa.

Por su parte el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, confirmó que ya fueron arraigados los 30 funcionarios públicos de Michoacán que se encuentran presuntamente relacionados con delitos del crimen organizado.

En cuanto al entramado jurídico en la lucha contra la delincuencia organizada, se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Orgánica de la PGR, que formaliza la desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se crea la Policía Federal Ministerial (PFM). Se pretende “dar respuesta oportuna, clara, apegada a derecho y contundente a la situación actual del crimen organizado en México”.

En forma paralela, se publicó también la Ley de Extinción de Dominio que permite a las autoridades federales incautar bienes al crimen organizado de forma expedita. Ahora, el Estado podrá apropiarse de haberes que sean producto de un delito o se utilicen por el crimen organizado para cometer un ilícito; la nueva ley entrará en vigor dentro de 90 días.