Realizar investigaciones penales en México es peligroso. Por eso la exigencia al Gobierno del Grupo Independiente de Expertos Independientes de que, como condición para regresar a México y participar en las investigaciones sobre la matanza de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, del 26 y 27 de septiembre de 2014, requeriría “inmunidad contra detención o arresto personal; inmunidad contra todo procedimiento seguido ante autoridad judicial, ministerial o administrativa”. Y no solo por un tiempo: “Los privilegios e inmunidades respeto a las funciones cumplidas por el GIEI son perpetuas (sic)”.

Jesús Murillo Karam, procurador general durante las investigaciones sobre el caso, no ha gozado de esa inmunidad. El 19 de agosto fue detenido por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de justicia.

Además, se libraron 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa; 5 para autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; 26 para policías de Huitzuco, 6 de Iguala y 1 de Cocula, así como 11 para policías estatales guerrerenses.

Hubo, también, 11 órdenes para miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Mientras tanto, los jueces han venido liberando a decenas de asesinos confesos porque dicen que fueron torturados para declarar su participación.

Las investigaciones no han modificado en lo fundamental la llamada “verdad histórica” de Murillo Karam, que señala que los estudiantes fueron confundidos con integrantes del grupo Los Rojos, detenidos en Iguala por policías municipales y llevados a otros municipios, como Cocula, donde fueron ejecutados y algunos de sus restos incinerados.

El propio informe de la llamada Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa reconoce: “Es factible que el elemento que desencadena la violencia extrema en contra de los normalistas de Ayotzinapa es la percepción por parte de Guerreros Unidos de que su presencia implicaba una infiltración de los Rojos y la posibilidad de perder la plaza”. (p. 54).

Para el Gobierno de López Obrador ha decidido enarbolar las banderas de los grupos políticos que dominan la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Por eso la declaración de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos: “Se trató de un crimen de Estado”.

Poco importa que el informe de la Comisión para la Verdad no muestre un crimen ordenado desde la cúpula con la participación de los distintos poderes del Estado.

Otra obsesión del Gobierno es distanciarse de la “verdad histórica”, término jurídico para la versión de los hechos que se presenta ante un juez. Para eso se ha caricaturizado esta hipótesis como si se limitara a la quema de cuerpos en el basurero de Cocula. La “verdad histórica” señala que hubo quema de cuerpos, pero el meollo es el asesinato de los jóvenes por miembros de Guerreros Unidos.

No tengo forma de saber si son ciertas las acusaciones de tortura de los homicidas confesos, pero hay un cúmulo de pruebas, incluyendo los mensajes de BlackBerry de los sicarios de Guerreros Unidos con sus jefes en Chicago, que evidencian que estos sí recibieron a los jóvenes y ejecutaron.

En la actual investigación, sin embargo, no importa encontrar a los culpables, sino demostrar que fue el Estado. Por eso ha sido detenido Murillo Karam, quien no goza de la inmunidad que pidió el GIEI, y que sí tienen, en cambio, los comandantes de las Fuerzas Armadas que debieron haber sido cómplices, si hubiera habido un verdadero crimen de Estado.

Rosario

Ha quedado en libertad bajo fianza Rosario Robles mientras continúa su proceso. Es correcto que se le juzgue por su presunta responsabilidad en la Estafa Maestra, pero mantenerla en la cárcel tres años por un proceso sin concluir de ejercicio indebido del servicio público revelaba una simple venganza política.