“Creer que la venganza y la justicia son sinónimos, es el pensamiento menos atinado para realmente hacer justicia y construir el orden social”.
Saskia Niño de Rivera

Enfurece la actitud del director de Seguridad Pública de Taxco, Doroteo Eugenio Arango, quien declaró: “Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, debo vigilarlo, guiarlo, orientarlo. Aquí, supuestamente, la señora dejó salir a su niña sin las medidas de seguridad pertinentes”. Margarita Ortega, madre de Camila, la pequeña de 8 años asesinada el miércoles 27 de marzo, respondió a reporteros después del sepelio: “No es mi culpa. Yo siempre he cuidado a mi hija. No tengo una, tengo tres. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella. La gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confié en su amiga. No es la primera vez que va a jugar con ella. La niña también iba a mi casa. Mi niña la quería. Su único pecado fue querer demasiado a esa niña, y a su mamá, porque hasta a la mamá la quería mucho”.

Que los funcionarios de mantener la paz y la seguridad culpen a las víctimas de las tragedias es habitual en nuestro país, pero los crímenes de Taxco no pararon con el homicidio de Camila. La presunta responsable, Ana Rosa Aguilar Díaz, fue golpeada salvajemente, junto a dos de sus hijos, entre ellos un menor, sin que los policías armados presentes pudieran o quisieran protegerlos. La saña contra Ana Rosa fue particularmente intensa: la bajaron de una camioneta de policía, la desnudaron de la cintura para arriba, la golpearon de manera inmisericorde en el suelo. Ana Rosa falleció por los golpes recibidos.

No era lo que quería la madre de Camila, quien dijo: “Lo que pasó ayer, con la señora Ana, no estuvo en mis manos. Yo ni siquiera estaba allí. No era lo que yo quería. Yo la quería viva para que sufriera el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña”.

Los linchamientos son una dolorosa realidad en nuestro país. Cuando menos en el caso de Camila hay indicaciones de que Ana Rosa sí participó en el homicidio, aunque todavía quedan múltiples interrogantes. Son mucho más comunes los linchamientos en que las víctimas son inocentes, como los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, estudiantes que trabajaban como encuestadores y fueron golpeados y quemados vivos en Ajalpan, Puebla, en 2015, por la falsa acusación de que habían tratado de secuestrar a una niña; o el de tres policías federales brutalmente golpeados, y dos quemados vivos, también por una acusación falsa, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en la Ciudad de México, en 2004.

“Esto se da en distintos puntos del país desde tiempos remotos; es el México que no termina de irse. Es el México profundo”, comentó Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 2001. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmaba en un informe en 2019: “Los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país”. Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, de la Universidad Autónoma Metropolitana, han documentado, entre 2016 y 2022, mil 423 casos de linchamiento y 196 tentativas. No es inusual, pero sólo volvemos los ojos al problema cuando ocurre un caso tan sonado como el de Camila,o cuando el linchamiento es grabado y difundido, como el de Ana Rosa.

Es muy fácil politizar el tema. Quizá haya algo de razón en la afirmación de que estos estallidos son producto de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, hay algo más: una violencia reprimida que se manifiesta con particular furia cuando la víctima está indefensa.

Justicia

Ana Rosa ya no será juzgada por la muerte de Camila. No habrá justicia. Está detenido el taxista que reveló la ubicación del cuerpo y los dos hijos que sobrevivieron a la golpiza. Pero queda la pregunta: ¿Se hará justicia con quienes asesinaron a Ana Rosa?