El escritor Leonardo Sciacia señalaba que cuando un crimen tiene relación con la gestión del poder, así sea mínimamente, nunca se conocerá la verdad. Eso sucede hoy con la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Nunca conoceremos la verdad sobre los sucesos de la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa fueron víctimas de una operación criminal para torturarlos, masacrarlos, y desaparecerlos.

No lo sabremos por una razón: grupos y mandos del poder político y de la Secretaría de la Defensa Nacional están involucrados. No se trata de la matanza cometida por un cártel del narcotráfico, sino de un acto perpetrado por una organización criminal apoyada y protegida desde las mismas instituciones de seguridad pública y del Ejército Mexicano.

El poder no se hace justicia a sí mismo, no se autoincrimina, ni se pone la soga al cuello. El poder no come lumbre. Su lógica no es hacer justicia, sino protegerse, cuidarse, sobrevivir: ni las instituciones del Estado ni el Ejército participan en actos de barbarie. Esa es la verdad del poder y punto. Todo lo demás es mentira.

De ahí los enredos, las confusiones, las marañas, el malabarismo oficial en el caso Ayotzinapa. Cualquier camino a la verdad conduciría irremediablemente a hombres e instituciones del poder, pero el sistema tiene una formidable maquinaria de revestimiento: una cebolla con una capa tras otra sobre el meollo de la tragedia. Hoy no interesa castigar a los culpables, sino salvar el pellejo, librar responsabilidades y quemar en leña a quien tenga una opinión distinta a la visión oficial.

No tenía vela en ese entierro, sin embargo el desastroso manejo del caso terminó por complicarle la vida a la misma cuarta transformación.

¿Crimen de Estado?

Una vez que el Gobierno tiró por la borda la “verdad histórica” del peñismo, comenzó a generarse la bola de nieve. Al desechar la versión del sexenio pasado y establecer nuevas líneas de investigación, la presidencia de López Obrador se metió en un embrollo político. Quizá el peor de su gestión.

La “verdad” de la Procuraduría del expresidente Peña Nieto establecía que Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado, secuestró y ordenó el asesinato de los estudiantes apoyado por policías y mandos locales, tras suponer que pertenecían a un cártel adversario.

La explicación construida por el exprocurador Jesús Murillo, hoy procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, sostenía que los normalistas “fueron privados de la vida, incinerados (en un basurero) y sus cenizas arrojadas al río San Juan”, en Cocula.

En sus afán de destrozar el pasado, la cuarta transformación inició una investigación propia para construir “su” verdad con una nueva hipótesis: el caso no fue el asesinato masivo de un cártel, sino un “crimen de Estado” perpetrado en el régimen de Peña, como lo definió, con el apoyo presidencial, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto pasado.

Así lo estableció Encinas:

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Definimos esa actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición y la pérdida de vida de los estudiantes, (sino que) se conjuga la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado”.

“

En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas. En resumen, se trató de un crimen de Estado”.

Palabras mayores

Los dichos de Encinas son parte de las conclusiones del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, un ente de la misma Presidencia de la República.

El subsecretario y esa Comisión —que él mismo preside— hablan de un “crimen de Estado”, es decir, alcaldes, policías, jefes de seguridad, soldados y mandos del Ejército implicados con grupos criminales en acciones concertadas para delinquir y asesinar.

Hablar de “crimen de Estado” son palabras mayores que ahora le pesan al Gobierno de la 4T como una lápida. Una consecuencia inmediata: la resistencia del Ejército.

No fue casual que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se haya desistido de 21 órdenes —16 de ellas contra militares— solicitadas por el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

La Fiscalía de Gertz se desistió por la libre, o, más bien, siguiendo los designios de Palacio Nacional y pasándose por alto a Gómez Trejo. No hay, que se sepa, fundamentación alguna de esa revocatoria. Quienes la maquinaron decidieron pasar por alto al fiscal especial sin mayores formulismos dada la urgencia de no exhibir más al Ejército, de lavar su imagen y evitarle mayor escarnio y desprestigio a sus mandos y soldados.

La operación de Gertz no le dejó a Gómez más opción que renunciar a la Fiscalía Especial. Se fue después de tres años y tres meses de llevar el caso. Su salida trastocará toda la investigación de Ayotzinapa.

El involucramiento del Ejército ha venido a complicar las relaciones de la Presidencia con las Fuerzas Armadas justo cuando la cuarta transformación hace un esfuerzo supremo por militarizar todo el aparato nacional de seguridad pública.

Si el caso de Ayotzinapa se convirtió en el proceso criminal y político más difícil del Gobierno de Peña, ahora podría serlo también para López Obrador.

Esté o no sustentado en pruebas fehacientes, el informe de Encinas se ha convertido en un poderoso búmeran para Palacio Nacional.

Atrocidades criminales

Por si fuera poco, la semana pasada salió a la luz información que compromete todavía más la relación del Presidente con el Ejército. Textos que no se conocían del informe final de la Comisión de la Verdad hablan de atrocidades inimaginables: torturas, desollamientos y calculadas operaciones de exterminio.

En base al informe final, la periodista Peniley Ramírez escribió en los periodicos de Grupo Zócalo:

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Eran muchos cadáveres… Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo. A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente. Disolvieron a cinco. A los demás los cortaron en trozos, con machetes, y los enterraron”.

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Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, seis jóvenes seguían vivos. Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron días después, por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez”.

No se sabe si la información es verídica o no. Aparentemente se obtuvo a partir de testigos protegidos para fortalecer la hipótesis del “crimen de Estado” y construir una narrativa adversa al régimen priista.

Lo cierto es que la versión ha presionado al presidente López Obrador. Al revelar —o construir— el “crimen de Estado”, el mundo se le vino encima. Ahora su Gobierno debe remar contra la corriente, reparar entuertos y recomponer su relación con el Ejército.

Gestión del poder

¿Qué pasó la noche de ese 26 de septiembre? ¿Cuál fue el papel de las instituciones de seguridad? ¿Qué mandos e integrantes del Ejército participaron en los hechos? ¿Quién asesinó a los jóvenes? ¿Por órdenes de quién? ¿Se trata realmente de un crimen de Estado?

No lo sabremos nunca. Frente a los encubrimientos del poder, las redes de complicidad y los poderosos intereses en juego, la verdad está destinada a perderse entre las distorsiones y el ruido a su alrededor.

El escritor y político italiano Leonardo Sciascia, uno de los máximos estudiosos de las formas de operación de la Cosa Nostra y otras organizaciones criminales de la mafia de Sicilia, defendió siempre una premisa fundamental en relación con los crímenes políticos:

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Nunca se sabrá ninguna verdad respecto a hechos delictivos que tengan relación, incluso mínimamente, con la gestión del poder”.

Por desgracia, el caso de Ayotzinapa está contaminado hasta el tuétano. Las ramificaciones legales y extralegales de los poderes políticos son evidentes por todos lados.

A pesar de las sofisticadas tecnologías, las nuevas teorías y formas de investigación criminal y las policías científicas, no tenemos hoy la “verdad histórica” ni ninguna otra. No tenemos nada más allá de los enmarañamientos, los cuentos, los intereses políticos-electorales y las maromas del poder que tanto lastiman a las familias de las víctimas y a la sociedad.

La verdad no importa. La sobrevivencia del régimen, sí.